Por: Juan Carlos Botero

Por fin se sabe la verdad de Abu Ghraib

DESDE EL AÑO 2004, CUANDO SE COnoció la noticia de las torturas que habían padecido los prisioneros iraquíes en manos de sus guardianes norteamericanos, la pregunta de fondo ha sido la siguiente: ¿qué tanto sabía el Gobierno de los Estados Unidos de lo sucedido en ese siniestro lugar?

Ahora, gracias a los informes de ABC News y Associated Press, se sabe la respuesta y se puede resumir en dos palabras: casi todo.

Ésa fue la sospecha inicial, por cierto. Y de ahí la rabia del mundo civilizado. Porque no se trataba de un grupo aislado de soldados perversos y corruptos, cometiendo atropellos sin el conocimiento de sus jefes superiores, sino de algo más complejo todavía. Por lo visto la potencia mundial, que se presentaba como la protectora de los derechos humanos, había orquestado un sistema de abusos desde las más altas esferas del poder, y aunque las tropas de los EE.UU. habían invadido Iraq con el pretexto de liberar el país de la tiranía de Saddam Hussein, éstas habían terminado torturando al mismo pueblo iraquí y en la misma prisión en donde Hussein le había quebrado el espíritu a sus propios compatriotas.

En efecto, las conclusiones de estas dos agencias de prensa son inequívocas. Se sabe, por ejemplo, que los asesores más cercanos al presidente Bush diseñaron la macabra política de interrogaciones. Varios oficiales aprobaron el abuso de prisioneros, y otros crearon el marco jurídico para permitir y justificar la tortura. Como bien lo dijo The New York Times, estas mismas personas carecieron del tiempo para planear una estrategia realista con el fin de reconstruir el tejido social y económico de Iraq, luego de la invasión, o para capturar a Osama bin Laden. En cambio, sí pudieron asistir a docenas de reuniones para trazar una política contraria al espíritu de la Constitución, y que incluía un trato de prisioneros que el resto del mundo define como tortura. Bush ya admitió que sabía de esas reuniones, y que estaba de acuerdo con sus decisiones.

Lo grave de este escándalo es que se trata de una violencia oficial, puesta en marcha por un Estado soberano y democrático. Y peor aún: es una violencia deliberada, estudiada en detalle y ejercida con cuidado, calibrada para producir el máximo dolor en gente privada de su libertad. Y lo que más aterra es la frialdad del raciocinio y la complejidad del engranaje social, político y militar para alcanzar sus objetivos: las aberrantes interpretaciones jurídicas para facilitar los abusos; la ideología racista que no se reconoce como tal y que se presenta como una defensa patriótica; la ruta astuta del cabildeo para burlar los controles estatales y sortear los convenios internacionales; la brillante argumentación para convencer a congresistas y neutralizar a periodistas; y todo esto para seguir, eslabón a eslabón, la larga cadena de mando civil y militar hasta concluir en las celdas inmundas en donde, depravados y felices, los carceleros hacían lo inconcebible en total impunidad, sin temor al acoso de la justicia.

Debemos mantener vivo el recuerdo de Abu Ghraib: un acto de indignidad y ofensa al cuerpo y al espíritu humano, totalmente intolerable y, más importante aún, totalmente injustificable desde cualquier punto de vista. Y lo debemos hacer, ante todo, para avivar las brasas de una idea que no se debe olvidar nunca: que no podemos aceptar lo inaceptable, y que cualquier grupo, pueblo o nación, si pierde de vista su brújula moral, puede resbalar en la violencia y sucumbir en la barbarie.

 

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