Por Nariño

Escribo esta columna de opinión con un dolor profundo por todos los acontecimientos que enlutan al departamento de Nariño, territorio que me vio nacer y que llevo en lo más profundo de mi corazón.

Nariño es un departamento que tiene todo el potencial para ser un territorio próspero, el problema es que el abandono en el que se encuentran más del 50 % de sus municipios hizo que la ilegalidad se lo tomara, a tal punto que le va a quedar muy difícil al Estado hacer presencia real y efectiva en el corto o mediano plazo.

Esto no quiere decir que se deba fallecer en el intento, por el contrario, es necesario activar planes de emergencia que le permitan al Estado no solo llegar a esos municipios y veredas que durante décadas enteras fueron abandonados, sino además recuperar el tejido social y fortalecer los vínculos con la población, estableciendo relaciones de confianza con las instituciones.

El problema de orden público que hoy tiene Nariño en parte se dio por la negligencia de un presidente de la República que, en lugar de darle prioridad a la implementación del Acuerdo de Paz, se dedicó a tratar de acabarlo, dándole gusto a su partido político, especialmente a su jefe, el expresidente Álvaro Uribe, dejando a un lado lo importante, que, valga decir, también era urgente.

Una masacre de jóvenes en Samaniego sumada a los asesinatos que se han presentado en el resto de municipios de Nariño demuestran que el departamento se convirtió en una especie de tierra de nadie, donde las autoridades locales no son más que un adorno institucional, porque lo que hacen resulta muy poco para todo el trabajo que requiere la recuperación de la autoridad estatal.

Esto no se soluciona con la fumigación con glifosato, como pretenden hacer creer Duque y su ministro de Defensa. Un avión fumigador no es sinónimo de presencia institucional en municipios y veredas.

El crecimiento de los cultivos de coca en esta región se da por la llegada de otros grupos ilegales que están en el negocio del narcotráfico y por la falta de oportunidades laborales y de posibilidades económicas de una población que, al no tener como darles de comer a sus hijos, acude a este tipo de economías como su única tabla de salvación, en un departamento que no tendría por qué tener estos problemas, porque cuenta con las condiciones necesarias para cultivar una agricultura próspera y, además, porque tiene un puerto en su territorio, el de Tumaco.

Valga la pena decir que si este puerto no está operando como debe ser, es decir, suministrando combustible al resto de municipios de Nariño, gran culpa la tiene la ministra de Minas anterior, que no le dio la importancia necesaria y retrasó la firma del acto administrativo que le daba vía libre.

Este acto hoy se encuentra suspendido por los intereses de pequeños distribuidores, quienes lo demandaron ante el Tribunal Administrativo de Nariño, que a su vez decidió en primera instancia suspender la resolución que ordenaba el abastecimiento de combustible desde Tumaco hacia 30 municipios del departamento.

Existe la sospecha en la región de que estos pequeños distribuidores estarían aliados con el exalcalde de Pasto Harold Guerrero y el magistrado del Tribunal Administrativo de Nariño Édgar Guillermo Cabrero Ramos.

De ser cierto esto, quedaría claro que en Nariño hay mafias que no solo atentan desde la ilegalidad contra la prosperidad del departamento, sino además también desde la legalidad. Se espera entonces la decisión del Consejo Superior de la Judicatura, que tiene en sus manos la investigación contra este magistrado.

Pero, mientras tanto, invito a toda la población nariñense a exigirle al Gobierno nacional que le ponga atención al departamento y tramite planes de emergencia, dejando atrás las retóricas y los discursos que se quedan en palabras que se las lleva el viento.

@sevillanoscar