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Por Elisa Arond *
La semana pasada empezó la COP25, evento que tendrá lugar hasta el 13 de diciembre y que reúne a los gobiernos, ambientalistas, activistas y líderes de opinión a pensar medidas para enfrentar los impactos del cambio climático. Será clave para esta cumbre la planeación de transiciones justas en países y regiones cuyas economías dependen de la producción del petróleo, carbón y gas, como es el caso de Colombia; aún más considerando el contexto político y social de la región y otros países alrededor del mundo.
Aunque Colombia no es gran consumidor, sigue estando entre los primeros cinco países que más exportan carbón y, según el DANE, en el 2018 el carbón representó alrededor del 18 % del valor de sus exportaciones (junto con el petróleo alcanzaron 58 %). En el Acuerdo de París, Colombia se comprometió a reducir sus emisiones por 20 % para el 2030, o hasta 30 % con ayuda de la comunidad internacional. Sin embargo, varios actores a nivel nacional, regional y local continúan incentivando la expansión de la exploración y producción de combustibles fósiles, incluso de fuentes no convencionales, como parte de su “Pacto por los recursos minero-energéticos”. Pero seguir invirtiendo en carbón —y también en petróleo y gas— mantiene cierta dependencia en términos de infraestructura y economía (conocida como lock in) que hace aún más difícil cumplir con las reducciones de emisiones necesarias para evitar un desastre climático. Prolongar este tipo de producciones en el 2020 es como invertir en cintas VHS en el 2010: poco funcional y nada acorde con el presente.
El informe calcula que los países del mundo están proyectando producir hasta 120 % más carbón, petróleo y gas (150 % si solo miramos carbón) de lo que se debe producir para limitar el calentamiento global a 1,5 grados para 2030. Pero no es solo esa contradicción la que hace urgente cambiar la dependencia de la extracción de los combustibles fósiles; es también una cuestión de inversiones inteligentes y planeación a largo plazo. El mundo va cambiando, la crisis climática es un hecho y depender del carbón representa un riesgo demasiado alto para el futuro.
La reducción rápida en los costos de las energías renovables, así como los cambios en las estructuras económicas de grandes países industriales y políticas de calidad del aire en países importadores, implican perspectivas poco alentadoras para los exportadores de carbón.
Y no hablamos de un futuro lejano. Hace poco, la dirección de Cerrejón, una de las minas de carbón más grandes del mundo, ubicada en La Guajira, anunció que tenían que disminuir su producción en un 18 % debido a la disminución de demanda, consecuentes precios bajos y riesgos a la salud de comunidades cercanas por la calidad del aire dado sequías atribuidas al fenómeno de El Niño. Esto implica un recorte de personal de la mina, que no es cosa pequeña siendo el empleador más grande del departamento.
En este escenario, y añadiendo el clima político en Latinoamérica, se hace urgente que los líderes y tomadores de decisión en Colombia planeen para una transición más allá de los combustibles fósiles, haciendo énfasis en una transición justa y equitativa, especialmente en las regiones productoras.
Las transiciones con justicia van a ser un tema prioritario en Madrid, siendo globalmente relevante, pero especialmente para los países de América Latina. Después del anuncio del cambio de sede del COP25 por la grave situación social en Chile, estallaron también nuevas protestas aquí en Colombia, sumando a otras de la región.
La invitación para los representantes, organizaciones y asistentes a la COP25 es alzar la voz sobre la urgencia de disminuir la producción de combustibles fósiles, siempre pensando en transiciones justas y equitativas, escuchando a las comunidades y creando espacios participativos, pues no existe otra alternativa si se busca hacerle frente a la crisis climática.
* Investigadora sobre combustibles fósiles del Instituto de Ambiente de Estocolmo y candidata doctoral de geografía de Clark University. Su investigación doctoral se centra en la inversión de las regalías que provienen de la extracción minera y de hidrocarburos para generar capacidades en ciencia, tecnología e innovación como base de un desarrollo regional inclusivo y sostenible.
El Instituto de Ambiente de Estocolmo es una organización independiente de investigación que participa en cuestiones ambientales y de desarrollo a nivel de política local, nacional, regional y mundial desde hace más de 20 años. En Latinoamérica, su sede está en Bogotá, desde el 2018.