Colombia2020 y Rutas del Conflicto lanzan plataforma para seguir el pulso al acuerdo de paz

hace 3 horas
Por: Salomón Kalmanovitz

¿Por qué implosionó la corrupción?

LA CORRUPCIÓN CUNDE EN PAÍSES donde el poder y la riqueza están concentrados, predominan sistemas electorales clientelistas, la justicia es ineficaz, los medios de comunicación son dependientes y débiles los partidos políticos.

Más grave es que el crimen organizado apropie una parte considerable de la riqueza del narcotráfico, y que sus tentáculos se extiendan sobre la política y partes cruciales del Estado (justicia y fuerzas de seguridad). Por lo tanto, Colombia tendería a tener bastante corrupción, pero lo que hemos contemplado en los últimos años no tiene parangón.

Las razones para que la corrupción alcanzara niveles extremos tuvieron que ver con los cambios constitucionales que permitieron la reelección y, en especial, la expectativa de que ésta se repitiera de manera indefinida. Así Uribe y sus funcionarios se sintieron inmunes frente a cualquiera acción de la justicia, sobre todo por las cortes Suprema y Constitucional, que a pesar de todo actuaron con independencia.

Sin que nadie se diera por aludido, Uribe fue empacando todas las vacantes de las cortes, la Fiscalía, la Judicatura y la Procuraduría con sus representantes, de tal modo que la acción de la justicia contra los corruptos presenta serias fallas, parcialidad, retrasos y vencimiento de términos que conducen a la impunidad. Mientras los funcionarios secundarios están siendo sentenciados, los que actuaron con mayor responsabilidad no están siendo judicializados.

Un elemento adicional que permitió la canibalización del Estado y de sus recursos fue la ideología neoconservadora del estado pequeño, que sólo tiene funciones de seguridad de la propiedad privada. Se debilitan entonces todos los organismos reguladores y fiscalizadores de la economía, la obra pública, el sector financiero y el medio ambiente. Por eso proliferaron los funcionarios incompetentes y, en ocasiones, criminales. En efecto, si el Estado era un obstáculo molesto a la acumulación de capital libertina, entonces lo que quedara de él podía ser devorado por los funcionarios y por los políticos. Eso se manifestó en la contratación pública, la captura de los presupuestos y de la salud, los permisos para depredar páramos, ríos y corales.

También es evidente que el cambio en la ley de contratación otorgó la patente de robar desenfrenadamente a los contratistas, donde el caso de los Nule, el engendro por excelencia del gobierno pasado, es sólo el más prominente. Abundan los abusos en cada uno de los niveles de gobierno, especialmente en el nivel central, que es el que más recursos tenía para dilapidar desvergonzadamente. Las extralimitaciones del Ejecutivo no han sido enfrentadas a la fecha por la Fiscalía.

Los contribuyentes contemplamos alarmados e impotentes cómo se robaron y desviaron recursos que han podido ser utilizados productivamente para mejorar nuestra tan deficiente infraestructura y extender el sistema educativo en cobertura y calidad; en fin, lubricar el desarrollo económico. Al mismo tiempo que se malgastaban los recursos públicos y se alentaba a que se los raponearan, el gobierno le restaba impuestos a los más ricos, dejaba de cobrar regalías a las empresas mineras y debilitaba todavía más el Estado.

Es así como se dificulta salir del subdesarrollo económico, consecuencia del clientelismo político y del neoconservatismo, combinados ambos con el crimen organizado. Y la prosperidad democrática no está enfrentando estos males en su raíz.

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