La APP del galeón San José: un tema que une a Duque y a Santos

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El gobierno Santos elaboró y consiguió que se aprobara la Ley 1675 de 2013 para intervenir y comercializar el contenido del galeón San José. Promulgó desde el primer día que buscaba proteger el patrimonio cultural sumergido de la nación, pero no era necesario. Ya estaba protegido con la Ley 397 de 1997, la cual es muy clara: el patrimonio arqueológico, incluso el sumergido, es inembargable, imprescriptible e inalienable. Lo cierto es que estas disposiciones no se ajustaban a sus oscuros intereses y por eso mandó a hacer una ley a la medida.

En 2014 comienza a deambular en las oficinas públicas el hombre de la barba blanca. Ese personaje que le habla al oído a Juan Manuel Santos y que afirmaba tener las coordenadas del galeón San José gracias a sus “profundos estudios históricos”. Al final, el resultado fue un contrato de exploración del gobierno colombiano con una empresa recién creada y sin ningún tipo de trayectoria legítima: Maritime Archaeology Consultants (MAC), con sede en Inglaterra.

Solo hasta el 2018 se reveló públicamente que el hombre de la barba blanca, Roger Dooley o Roger Montañés, era el líder del “equipo de arqueología”. Inmediatamente se prendieron todas las alarmas a nivel internacional, por cuanto alias Montañés es un cazatesoros con un largo prontuario expoliando y comercializando naufragios (pecios) en el Caribe.

Durante el año 2015 se iniciaron las exploraciones de esta empresa sobre un polígono de 256 Km2. No encontraron el botín, por lo que tuvieron que solicitar la ampliación del área de exploración. Para atender esta solicitud, la DIMAR les entrega además a estos cubano-ingleses, bajo fuerte presión del Ministerio de Cultura, el polígono con las coordenadas de Sea Search Armada. Un detalle que debería despertar más que una inquietud. El resultado fue un nuevo polígono de 1.511 Km2.

Vale la pena precisar que la Ley dice al respecto lo siguiente: “Artículo 20. Exclusividad del polígono. El Ministerio de Cultura se abstendrá de suscribir contratos de exploración en los polígonos ya asignados durante el tiempo en que exista otro contrato”. Sin embargo, ese polígono se solapa con el que se le asignó a Sea Search Armada en la década de 1980. Un pleito que el Estado colombiano no ha podido resolver aún. Por ello la vigencia, a la fecha, del embargo interpuesto por SSA a la carga del San José.

Es así que con las coordenadas de SSA y quintuplicar el área de exploración, se hace el supuesto hallazgo del galeón San José, anunciado el 5 de diciembre de 2015.

El año siguiente se adelantan nuevas tareas de la fase de exploración, esta vez con la Maritime Archaeology Consultans Switzerland AG. Los socios trasladan la sede de la empresa de papel a Suiza, le cambian el nombre y manejan los recursos desde las Islas Caimán, como logró descubrir el periodista Jesús García Calero.

Vale la pena aclarar, de acuerdo con la ley, que esta fase tiene un detalle fundamental: “Artículo 17. Prohibición especial. Las actividades de exploración se enmarcan dentro de la aplicación de acciones no intrusivas que no implican intervención, alteración o modificación de sus condiciones físicas ni del contexto del sitio en que se hallan los bienes, tales como remoción de partes, cortes o desplazamientos. Los contratos pueden autorizar la toma de muestras en la exploración (Decreto 1698 de 2014)”.

Cuando comienzan a presentarse los fotomosaicos del naufragio en alta resolución, es evidente a los ojos de un especialista que el sitio ha sido intervenido. En términos legales, se han adelantando actividades intrusivas. Se trata de una zona de alta sedimentación, la cual no se ve reflejada sobre los restos, claramente visibles, del pecio. Cuando se revisa con cuidado, es claro que se removieron sedimentos, se limpiaron elementos arqueológicos, alterando el contexto original. ¿Se retiraron objetos del galeón San José?

Gracias a la valiente acción de un grupo de ciudadanos “preocupados”, como nos llamó Santos en su momento, se logró impedir la firma de la APP diseñada para saquear y comercializar el galeón San José. La acción popular del exmagistrado César Duarte y los numerosos recursos legales interpuestos por Francisco Muñoz, Veedor Nacional para la Defensa del Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia, consiguieron proteger el patrimonio arqueológico de todos.

El resultado es que el proceso pasó a manos de la administración Duque, quien delegó el tema a la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez. Su respuesta sensata y rápida para proteger el contexto arqueológico fue declarar el San José como Bien de Interés Cultural el 23 de enero de 2020; sin embargo, no asumió dos tareas clave y complementarias: derogar la Ley 1675 de 2013, y su decreto reglamentario, y cancelar definitivamente la APP diseñada para la empresa MAC.

Respecto al último punto, existen numerosos argumentos técnicos y legales para cancelar dicho proceso, muchos de ellos evidenciados en su momento por Leandro Ramos, exprocurador de la función pública. De otro lado, llama poderosamente la atención la irregularidad denunciada por SSA, relacionada con el hurto de sus coordenadas por alias Montañés y la extraña ampliación del polígono asignado para la exploración.

El equipo de MAC no tenía, ni tendrá, un arqueólogo idóneo a cargo del proyecto, apenas un cazatesoros que coordina un pequeño grupo de seudoarqueólogos mercenarios sin experiencia, que se prestaron para facilitar este negocio. Además, resulta evidente, y así lo confirmaron otros colegas especialistas de México, España y Portugal, el contexto arqueológico fue claramente intervenido, inclumpliendo la normativa vigente.

El gobierno actual se afana en insistir sobre una localización precisa y única del galeón, pero es claro que varias partes del San José pueden estar enterradas y dispersas en una amplia área del lecho marino, con mayor razón cuando se sabe que desde su mismo hundimiento en 1708 se había prácticamente fracturado en dos. Luego, si por vocación gubernamental contratan a otros cazatesoros, estos podrán perfectamente encontrar el galeón en otras nuevas “coordenadas precisas”.

En octubre de 2018, miembros de la Red Universitaria de Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia, tuvimos la oportunidad de reunirnos con la Vicepresidenta y presentarle una hoja de ruta acorde con los parámetros internacionales para la gestión de este patrimonio, ofreciendo además nuestra experiencia, infraestructura y redes académicas al servicio de un proyecto científico liderado por el Estado colombiano. Nunca nos volvió a convocar.

Resulta incomprensible que el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el Ministerio de Cultura y la Agencia Jurídica para la Defensa del Estado no hayan hecho uso de los argumentos técnicos y legales que tienen a mano para cancelar definitivamente la APP y, por el contrario, se han empeñado en defender a MAC, apoyando un proyecto que dejará un precedente nefasto para la arqueología subacuática y la ciencia del país.

El gobierno Duque se ha empeñado en manifestar su distancia política con su antecesor, sin embargo, con el negocio de Santos alrededor del San José ha sido tímido, quizás cómplice, sabiendo de sobra las deficiencias técnicas e irregularidades legales de esa APP.

No me cabe duda que debe haber un padrino poderoso detrás de este negocio, que ha sido capaz de manipular a dos gobiernos tan diferentes.

* Arqueólogo y profesor universitario

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