Por un capitalismo inclusivo

Intentando mostrar algo más allá del tradicional Producto Interno como medición de la economía, tres reconocidos personajes del mundo empresarial y económico, Michael Porter, Scott Stern y Michael Green, construyeron el Índice de Progreso Social. En dicho indicador, Colombia ocupa el puesto 52 entre 132 naciones, siendo los primeros lugares para Nueva Zelanda, Suiza, Canadá y Australia.

En el listado completo, los países ejemplo en América Latina son Costa Rica, Chile y Uruguay. Sin embargo, adicionales a estos están por encima de nosotros países como Brasil, Ecuador y Panamá.

El indicador nos pone de presente que las razones para nuestra “mediocre” ubicación son asuntos relacionados con las necesidades humanas básicas (incluyendo nutrición, salud, vivienda, electricidad o seguridad), las bases del bienestar (que incluyen el acceso al conocimiento por la vía de la educación, las TIC y la sostenibilidad del ecosistema) y, finalmente, la garantía de los derechos básicos, que incluyen la libertad de elección, la educación superior, la tolerancia y la inclusión. En lo que peor nos va es justamente en el último capítulo de derechos básicos.

Buena parte de lo anterior, explica el inquietante hecho de que, a pesar del buen desempeño de nuestra economía en los últimos 12 años, ese crecimiento no está llegando a toda la población y seguimos perpetuando la pobreza, la exclusión y la marginalidad por la vía de la inequitativa distribución del ingreso. Esto mismo se confirma con el deterioro del país en el coeficiente de Gini (que mide la distribución del ingreso) y en los estudios de colaboradores cercanos del célebre autor Thomas Piketty, autor de El capital en el siglo XXI, quienes demuestran que el 1% de los más ricos se quedan con más de la quinta parte de la riqueza del país. Estos datos son peores que lo que revelan las cifras oficiales de pobreza e inequidad. Y lo que es más grave, nuestro sistema de distribución (por la vía de impuestos) no es capaz de solucionar el problema sino que lo sigue aumentando y perpetuando.

No se necesita ser genio para constatar que los niveles de elusión y evasión en Colombia son gigantescos; tampoco para ver que buena parte del registro catastral está desactualizado, o que los impuestos a la tierra o activos asociados a ella son o muy bajos o manipulados en los entes territoriales. También sabemos que son mucho menos de los que deberían, quienes tributan al impuesto al patrimonio, o que buena parte de la informalidad del país esconde impuestos de renta o de IVA. Eso sí, las recientes expresiones de “creatividad fiscal” de reforma tributaria en Colombia suelen caer en la simpleza de que quienes paguen tributos sean los mismos que siempre han pagado y se convierten en los “paganinis” de la sociedad.

De poco sirve que en medio de las campañas hablemos de invertir más en educación, salud, vivienda o necesidades básicas, si no somos capaces de dar un giro radical hacia un sistema tributario que sea capaz de distribuir los excesos de riqueza en algunos, en beneficio de los más pobres y marginados. Es indispensable reajustar el sistema tributario.

A esta misma conclusión llegaron los hombres y mujeres que gestionan la tercera parte de los activos invertibles del mundo, en una reunión en Londres la semana pasada. Ellos fueron concluyentes en el sentido de “renovar el sistema capitalista”. Esto significa un capitalismo que piense en las futuras generaciones, o en evitar el abuso en la generación de rentas en bienes y servicios necesarios, o en eliminar las restricciones que pone a la creación de empresa, o en evitar los excesos en el uso del crédito como generador de renta.

Si realmente queremos un país distinto y en paz, no se trata solamente de la ausencia de guerra o la firma de acuerdos. Se trata de construir una economía no sólo que crezca, sino que sea más equitativa, inclusiva y consciente.

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