Por un equilibrio sancionatorio

Lorenzo Madrigal
21 de julio de 2019 - 10:08 p. m.

No me aparto de lo más sencillo: tanto la vida como la libertad humana son la luz del día de las razones por las que vivimos en sociedad. No lo es el dinero, ni el privado ni el público. De lo cual se desprende que los delitos de sangre y contra la decisión libre de las personas son más graves, mucho más graves, que los que afectan los bienes, cualquiera sea su cantidad o a quien quiera pertenezcan.

Nadie puede entender que actos por los cuales las personas han perdido la vida a manos de otros o han visto irse los años de su libertad en la humillación y la ignominia se indulten de la noche a la mañana y, en cambio, otros hechos graves, pero que sólo afectan bienes del Estado o de particulares reciban penas en proporción desmedida.

Las discusiones van y vienen, con argumentos que son un cascajo de tropiezos en el camino de la comprensión más obvia. Se afirma que debe anteponerse la paz de los Estados, amenazados de destrucción y muerte si los habitantes no se someten a la imposición de los insurrectos, con postulados que pretenden como justos. Es algo así como la bolsa o la vida y en la bolsa la libertad de un país.

Se termina conviviendo con los que han hecho daño, más aún, siendo gobernados por ellos, mediante leyes de un nuevo Estado, el mejor, el ideal, el que desembocará, como siempre ha sido, en una nueva y mayor injusticia.

El perdón que exige la paz política quebranta sin remedio la igualdad ante la ley frente a delitos ya tarifados en los códigos. Por eso, en los acuerdos de paz ha debido ingeniarse un equilibrio sancionatorio sin el cual se mantendrá lastimada la paz social.

Resultan cosas protuberantes: 17 años a un exministro por asuntos de dinero y ninguna sanción para los responsables de asesinatos, torturas y raptos, lo que es tema de tal desproporción que no habrá Premio Nobel que valga para montar una paz sobre tan notoria inequidad.

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Son parte de este juego de país sin equilibrio quienes buscan soluciones apresuradas para atroces comportamientos y promueven penas a perpetuidad, por medio de vanidosas leyes con nombre propio.

Estos conatos salvíficos, producto de un cierto desconocimiento jurídico, se mezclan con protagonismos de momento, que catapultan nombres entre el barullo político. No creo que puedan botarse por la borda elementos esenciales de la contención judicial y de la defensa de los reos, encaminados a evitar injusticias. Porque la ley no es venganza ni encono, sino protección de la comunidad y saneamiento de los mismos que han caído y que, reducidos a la legalidad, no son carroña para arrojar a los buitres. Quienes delinquen y quienes padecen la delincuencia son seres humanos, a cargo de la sociedad, bajo las cláusulas del contrato social.

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