Por: Augusto Trujillo Muñoz

Por un nuevo lenguaje

No pocos dirigentes colombianos ejercen la actividad pública sin reparar siquiera en sus responsabilidades democráticas. Tal ejercicio muestra no sólo carencias para la argumentación política, sino franco desdén por sus deberes con la construcción de sociedad.

En el mundo contemporáneo la democracia ha de ser el eje de la política y ésta es instrumento insustituible para poner de acuerdo a los contradictores. Si se asume de otra manera la política perdería su condición civilizadora y quedaría abierto el espacio para la confrontación y para el enfrentamiento.

No importa si la pelea surge de ataques verbales o de hecho. En ambos casos se estaría negando oportunidad a la política y conspirando contra un cabal ejercicio democrático. El pacto de Estado suscrito por los colombianos en 1991, se ha desdibujando en virtud de unos fundamentalismos que se niegan a aceptar el papel de la política como sustituto de la guerra.

La polarización de la sociedad colombiana es resultado de diversos factores. Pero uno de ellos –y no el menos importante- es el agresivo lenguaje que utilizan algunos personajes de distintos sectores sociales. El establecimiento descalifica a la oposición, y ésta se refiere a aquel en términos que irrespetan obligaciones mutuas con un país en construcción, cuyos ciudadanos necesitan espacios para la tolerancia y garantías para convivir en una sociedad plural.

Los fundamentalismos subsisten tanto en la izquierda como en la derecha. Para ésta la solución es la guerra, entendida como otra manera de hacer política. Y la guerra sólo termina con la eliminación del adversario. Para aquella es la revolución, entendida como la única manera de hacer política. Y la revolución solo culmina con la eliminación del adversario.

Curiosamente las dos posiciones resultan idénticas no solo desde el punto de vista político sino desde el punto de vista moral. Son el subproducto de una larga historia de intolerancias, agravada un poco por la falta de cultura política en la base y un mucho por los intereses particulares de las élites. Éstas –desde el establecimiento y desde la oposición- estimulan un enfrentamiento absurdo del cual pueden obtener algunos réditos electorales.

La democracia otorga el derecho a protestar pero impone la obligación de hacerlo en términos que tengan capacidad de persuasión. Si la protesta solo tiene capacidad de destrucción no sirve como instrumento de cambio. Lo que algunos llamaron en el pasado acción revolucionaria es lo mismo que otros denominan ahora guerra preventiva. Las dos cosas son hijas de un autoritarismo a ultranza que se desdobla en negación de la dignidad humana.

El siglo XXI trajo consigo una nueva concepción del derecho, gracias a la cual el ciudadano común no tiene porqué someterse al mandato del fusil más próximo, mientras existan unas instituciones políticas con capacidad de interpretarlo. Si no lo hacen habrá que modificarlas, pero mientras haya guerra –revolucionaria o no, da lo mismo- las instituciones serán incapaces de generar un sistema auténticamente democrático y la guerra pondrá su lógica al servicio de la polarización social. Más allá –o más acá- de otros problemas de fondo, esa polarización podría disminuir sensiblemente si comenzamos por hacer uso de un nuevo lenguaje.

Ex senador, profesor universitario.

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