Por: Armando Montenegro

Por una reforma de verdad

Las recientes revelaciones sobre coimas y actuaciones torcidas de congresistas y altos magistrados no muestran todo lo que está podrido en la justicia y la política. El gran volumen del iceberg de la corrupción, con seguridad, permanece sumergido en el silencio y las complicidades. No se trata tampoco de pocos casos aislados, de unas manzanas podridas, de los escasos Bustos y los Ñoños de la justicia y de la política; ellos son apenas unas muestras representativas de un mal mayor, extendido por todo el sector público, que articula a concejales, diputados y parlamentarios (personajes que en sus regiones, con alguna frecuencia, también se relacionan con elementos del crimen organizado) que se confabulan y amangualan con jueces y magistrados de todos los niveles para mantener su impunidad. Esto es lo que explica que en los últimos años hayan prescrito o se hayan silenciado tantos escándalos y carruseles, que en su momento alarmaron a la opinión pública.

El Poder Ejecutivo no está aislado de este entramado. Como lo han discutido numerosos trabajos del profesor James Robinson, los distintos gobiernos, a veces con buenas intenciones y con el ánimo de obtener y mantener cierta gobernabilidad, se tapan las narices y aportan a ciertos líderes políticos jugosas cuotas burocráticas y amplias partidas presupuestales (la llamada mermelada, parte de la cual, más adelante, mediante un proceso de contratación amañado y tramposo, pasa a engrosar sus patrimonios privados) a cambio de su lealtad fletada en las votaciones del Congreso. El círculo se cierra cuando los robos de los recursos públicos y otros crímenes que surgen de esas transacciones se cubren con la impunidad que se compra y se vende en algunas instancias de la llamada justicia.

Este sistema, que evidentemente tiene algunos de los rasgos que se les atribuyen a las cleptocracias, ha asumido en algunas ocasiones el control total de ciertos municipios y departamentos que han sido sistemáticamente saqueados con el concurso de políticos, jueces y funcionarios de los llamados organismos de control, quienes, en distintas proporciones, han participado del botín y cuyas acciones han sido encubiertas por la impunidad (una de las características de la corrupción en Colombia es que estos esquemas torcidos, ensayados con éxito en algunos entes territoriales, se han incrustado y crecido en algunos segmentos de las altas esferas del Estado).

No hacer nada no puede ser una opción en la actualidad. El presidente de la República, los congresistas y políticos, así como muchos de los jueces y magistrados que no hacen parte de los esquemas viciados, deben apoyar las iniciativas encaminadas a reformar las instituciones que propician y blindan el crimen de cualquier forma de control y sanción.

Tiene razón la senadora Claudia López en proponer que se haga a un lado el proyecto que cursa en el Congreso y que se aproveche el fast-track para emprender una verdadera reforma que limpie de raíz las prácticas oscuras de la política. Y, por supuesto, también tienen la razón quienes están insistiendo en la necesidad de crear el Tribunal de Aforados, el mismo que fuera torpedeado hace algunos meses precisamente por los implicados en los escándalos recientes, quienes buscaban de esta forma gozar del privilegio de no tener que responder por sus bellaquerías.

 

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