Por: Ramiro Bejarano Guzmán

Porvenir incierto

Claro que es una muy buena noticia para los colombianos que por fin se haya presentado un proyecto para restablecer la prohibición de la reelección presidencial, que es el origen del desajuste institucional que padecemos.

 También lo es que esa reforma pretenda prohibir las reelecciones de todos los demás funcionarios, que se prive a las altas cortes de las perniciosas facultades electorales y que se le recorten poderes a la Procuraduría, aunque lo ideal sería abolirla de una vez por todas.

Pero ojo con lo que podría ocurrir con el restablecimiento del sistema de la cooptación plena para nombrar magistrados en la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, que se propone en el proyecto. En efecto, la propuesta consiste en que los magistrados de estos órganos “serán elegidos por la respectiva corporación mediante el voto afirmativo de las tres quintas (3/5) partes de sus miembros, de listas de 10 candidatos conformadas mediante convocatoria pública adelantada por la respectiva corporación” (sic).

¿Querrán los colombianos que los actuales magistrados de las altas cortes designen ellos mismos a sus reemplazos? Me temo que no, pero si todo marcha como lo pretende el Gobierno, los futuros magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado serán nombrados por los actuales togados, además escogidos de listas de candidatos elaboradas por ellos mismos.

No hay duda de que entre el actual sistema de nombramiento de los magistrados, lleno de vericuetos y notorio clientelismo, y el de la cooptación que se pretende reimplantar, el menos malo es el último. Aquí hemos ensayado todos los mecanismos, menos el de elección popular, que por supuesto en nuestro sistema político sería todavía más desastroso. Pero restablecer la cooptación como fórmula para superar la crisis de la justicia que en buena medida se ha creado por los últimos magistrados, puede resultar siendo peor el remedio que la enfermedad.

Lo primero que hay que preguntarse es si después de todo lo que ha ocurrido con la impresionante rosca que se apoderó del Poder Judicial —de la que forman parte personas como Francisco Javier Ricaurte, Pedro Munar, Ruth Marina Díaz o ese penoso presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Gabriel Miranda, para sólo mencionar los más visibles—, los actuales magistrados merecen que el país confíe en que ellos harán buen uso de esa facultad amplia de nombrar a sus sucesores. No hay motivos plausibles para esperar que quienes detentan la alta investidura de magistrados van a conseguir el milagro de que las aguas recobren el cauce que perdieron por cuenta de ellos mismos. La estructura judicial está tan deteriorada, que frente a ella resultan incapaces las voces de esos magistrados probos, que por supuesto los hay, que disienten sin ser oídos ante lo que está ocurriendo en los pasillos judiciales.

Si vamos a restablecer la cooptación es necesario idear un procedimiento que garantice que, antes de que entre en vigencia, sean personas diferentes a los mismos magistrados los responsables de llenar las vacantes, de manera que solamente cuando estén renovadas las altas cortes, éstas puedan designar ellas mismas a sus sucesores.

¿Quiénes podrían ser los encargados de la delicada misión de designar los nuevos magistrados mientras entra a operar la cooptación? No hay receta averiguada, pero podría ensayarse en convocar concursos liderados por una comisión pluralista de altísimo nivel con gentes de la academia, donde no haya gobierno, magistrados ni exmagistrados, que escoja los futuros togados por lo menos en los siguientes ocho años. Lo que no nos puede pasar es que a los responsables del desastre los premiemos entregándoles la tarea de decidir el futuro de nuestra maltrecha justicia, porque seguirán los mismos con las mismas.

Adenda. Ilegal, absurda y tramposa la decisión de la Comisión de Ética del Congreso de imponer al senador Iván Cepeda que haga el debate sobre el paramilitarismo, pero sin que pueda mencionar a Álvaro Uribe.

 

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