Por: Daniel Mera Villamizar

Posibles medidas anticorrupción y proeficiencia en universidades públicas

Hay que “enderezar” el debate de soluciones para la educación superior ante la opinión pública.

Parecía que era políticamente mal visto hablar de la corrupción en las universidades públicas. Como en el cuento El traje nuevo del emperador, estas se presentan con un aparente traje de impolutas y el que no lo vea así es un miope o “enemigo” de la educación pública, hasta que alguien advierte que “el emperador va desnudo” y el pueblo acepta a viva voz lo que ya sabía: que las universidades estatales no escapan al fenómeno de la corrupción.  

Recientemente se realizó en España el Congreso Internacional de Malas Prácticas Universitarias, que propuso 17 temas, pero aquí pretendemos mirarnos como si esos problemas no existieran. Una mala práctica no es necesariamente una práctica corrupta, pero con frecuencia constituye el preludio o sí lo es. Las malas prácticas dañan la eficiencia, que es un deber por la escasez de recursos.

Lo que puede llamarse “crisis ética” universitaria se observa en el propio proceso de la “Mesa de diálogo para la construcción de acuerdos y soluciones” entre representantes del movimiento estudiantil y profesoral y el Gobierno Nacional. Veamos dos muestras.

El paro estudiantil, que tiene la bandera de más recursos, servirá para que los profesores tributen menos sobre sus gastos de representación. El reclamo de restablecerles condiciones tributarias puede ser justo, en aras de la discusión, pero tiene poca presentación que un estamento profesional privilegiado se ayude con una vía de hecho, el paro, para resolver una cuestión de impuestos. Este es el tipo de oportunismo gremial que choca con la ética del interés general. Ese asunto ha debido tramitarse aparte.

Uno de los representantes profesorales en la Mesa es ejemplo de mala práctica en comisiones para estudios doctorales. Sus colegas de la Universidad Nacional saben la verdad y que está incurso en procesos sancionatorios, pero lo eligen vocero.

Si se hablara de las malas prácticas para “resolver la situación actual de la educación superior”, objetivo que declara la Mesa, él no sería el mejor representante. Sin duda, en la sede de Medellín hay muchos profesores que enaltecerían esa vocería, pero tienen razones para no meterse.

Que la Mesa de diálogo es una imposición por la fuerza del paro estudiantil y no consulta suficientemente la ética de la responsabilidad se ve en su composición: no están los rectores, sin los cuales no se puede “construir soluciones” responsablemente. Los estudiantes le ganaron la partida al Gobierno y metieron a los sindicatos de profesores a la Mesa para armar una trinca que ahí tiene al Gobierno, con nula gobernabilidad del subsector.

La actual Mesa no es el escenario para resolver bien la situación de la educación superior, pero quieren que se formalice mediante un decreto presidencial y sea un “espacio vinculante”, es decir, conseguir más o menos lo mismo que Fecode con el paro de 2017.

Y así no se fortalece la educación pública; así se fortalecen los intereses particulares en ella. El país necesita una educación pública robusta, invertir en ella y exigirle, y armar un sistema que articule oferta pública y privada. Por favor, leer con atención “Algunos conceptos heterodoxos” del exrector Wasserman de la Nacional este viernes. Por cierto, soy egresado de la Nacional.

La opinión pública recibiría con beneplácito que los rectores, consejos superiores, el MEN, el CESU y la Contraloría tomaran acciones posibles bajo el actual marco normativo para enfrentar la corrupción y asegurar mayor eficiencia en las universidades públicas, con el apoyo del movimiento estudiantil. Los cambios legales son otra historia.

Que todas las IES públicas utilicen la plataforma de Colombia Compra Eficiente, Secop 2, para consolidar los principios de publicidad, transparencia y selección objetiva, como comenzará a hacerlo la U. Distrital. ¡Hurra! Que el MEN y los rectores acuerden con la Contraloría General de la República pasar de unas pocas auditorías financieras al año a auditorías de gestión y resultados a todas las universidades con indicadores comunes. ¡Doble hurra!

Que Presidencia y el MEN hagan transparente su política de nombramientos de delegados en los consejos superiores, profesionalicen esa delegación y respondan por lo que pasa ante su vista gorda. ¡Hurra! Que el CESU, el MEN y Minhacienda establezcan un potente sistema de rendición de cuentas de amplio acceso público para las IES, donde se valoren también las buenas prácticas de gobierno universitario. ¡Doble hurra!

El mensaje que la sociedad necesita es “somos conscientes de que debemos mejorar en el uso de los recursos públicos”; no este de “dennos más recursos que estamos perfectos”. Al menos mientras Dios nos concede discutir en grande la educación y este 2018 se vea como pidiendo más recursos para el monstruo del statu quo de un no-sistema en crisis.

@DanielMeraV

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