Por: Hernán González Rodríguez

¿Posiciones irreconciliables?

El presidente Juan Manuel Santos iniciará su segundo mandato en un país polarizado, precedido por una impopularidad elevada, debida a su incapacidad ya demostrada para ejecutar reformas y a una desconfianza generalizada sobre la veracidad de sus afirmaciones y promesas. Se teme que no logre realizar casi ninguna de las reformas que le prometió al país, ni consolidar una paz democrática, mediante la firma de un acuerdo digno, que no signifique la rendición del país.

Sostienen algunos que nunca había estado el país tan cerca de la paz como ahora. Quien escribe estima que nunca habíamos estado tan lejos como a la fecha, porque los tres acuerdos firmados hasta hoy son ambivalentes y aplazaron abordar peligrosos temas clave. Postconflictos más violentos que los conflictos se han presentado en numerosos países.

El primer punto de La Habana, el inacabado acuerdo agrario, reconoce el fracaso del Gobierno para el brindarles a los campesinos seguridad y desarrollo. Pero tras los buenos propósitos para reparar los incumplimientos del Estado, emerge la idea de expropiar tierras para alcanzar la ‘paz y la prosperidad’, proteger el medio ambiente o porque su explotación es inadecuada en opinión de alguna sombría dependencia oficial, aplazada en los acuerdos.

El segundo punto, el de la participación en política, es el más pavoroso de los tres aprobados. Porque las zonas de reserva campesina contarán con un número oculto, aplazado, de representantes en el Congreso, los cuales serán elegidos por las Farc, puesto que los partidos políticos tradicionales no podrán participar en tal elección. La libertad de empresa y la economía de mercado serán entrabadas por los ‘consejos territoriales de planeación’. La ley de los partidos políticos se cambiará por el ‘estatuto de garantías para los partidos’ inspirado por ellos.

El tercer punto, sobre la solución al problema de las drogas ilícitas, cuesta trabajo imaginar un acuerdo honesto entre las Farc y el Gobierno para erradicar los cultivos de coca, sin fumigar en las zonas de reserva campesina, entregando las rutas, los laboratorios y los canales del microtráfico. Harto difícil precipitarse a terminar completamente un negocio que, según la UIAF, entidad adscrita al Minahacienda, asciende a 18 billones de pesos de los de doce ceros por año, sabiendo que el presidente Santos es partidario de la legalización de este negocio.

Los azarosos temas clave aplazados entrañan posiciones irreconciliables. Por ejemplo, entre la Justicia Internacional y el Gobierno y entre el propio Gobierno con las Farc y el ELN. Cárcel, extradición o impunidad y curules en el Congreso. Asamblea Constituyente o Referendo. Expropiaciones arbitrarias y tierras para los guerrilleros. Entrega de armas o dejación de las armas bien escondidas para retomarlas si el Gobierno les incumple. O exguerrilleros armados bajo el nuevo Ministerio de la Seguridad cuidando las zonas de reserva campesina.

Conclusión: La paz verdadera será un tema de negociación complejo, improbable, y para el cual el presidente Santos no cuenta ni con la confianza de amplios sectores, incluyendo las guerrillas, ni con una hoja en blanco para llenarla y firmarla a su antojo con las Farc.

 

 

 

 

 

 

 


 

Buscar columnista