Positivos infames

EL ASESINATO DE DECENAS DE JÓVEnes de los barrios populares por miembros de las Fuerzas Armadas para presentarlos como bajas de la guerrilla no es un evento de coyuntura.

Tampoco se puede presentar como un simple producto de la actividad de malas personas, los proverbiales “casos aislados”. Ciertamente, tampoco es una política institucional, o algo que se pueda endilgar a los miles de oficiales y soldados que se atienen a los códigos del honor militar. Sí ha constituido una práctica marginal pero regular, más o menos aceptada en muchas regiones (como lo sugiere el reportaje de la revista Semana), lo que revela un nivel de descomposición y una vesania aterradoramente generalizados.

La reacción inicial del Gobierno ante la revelación de los hechos fue buena. Me parece que sería mezquino escatimarle ese reconocimiento. Se necesitaban medidas enérgicas y mensajes claros, y Uribe fue capaz de darlos. Quedó evidenciado, también, el papel positivo jugado por el general Pallares. Por desgracia, ese reflejo inicial convive con múltiples ambigüedades peligrosas. Uno de los varios ejemplos ostensibles de ellas fue el intento oficial (apoyado por el bizarro presidente de una bizarra comisión que habla en nombre de las víctimas: ¿acaso sólo tiene permitido hablar de las que se pueden atribuir a gobiernos anteriores a este?) de escatimarle una reparación eficaz a las víctimas del Estado. ¡En este contexto, después de estos eventos!  Más grave sería suponer ilusamente que con la cadena de destituciones —con todo y lo positivas e históricas que puedan ser— basta.    La vileza de este emprendimiento criminal, su escala, el grado de discrecionalidad pura implícito en él, obligan a los colombianos, pero sobre todo a los que diseñan políticas públicas, a preguntarse por las condiciones que permitieron su existencia. Solamente eliminando estas condiciones es posible garantizar que semejante monstruosidad no se repita nunca.

En efecto, en toda organización son los diseños institucionales, las estructuras de poder, las rutinas y memorias, los que generan un “espacio de posibilidad” tanto para agentes como para prácticas específicas. Que alguien cometa una transgresión puede ser una casualidad; que durante años asesinen a ciudadanos las personas que en teoría están encargadas de protegerlos, para ganarse un memorando elogioso o un día de asueto, es un dato esencial para entender las fallas geológicas de nuestro Estado y de nuestros organismos de seguridad —y por tanto para empezar a superarlos—.  Si en el Gobierno no hay señales claras de comprensión de esto, en la opinión y los medios tampoco. Siguen convocando a marchas y manifestaciones multitudinarias por diversas causas, sin prestar la menor atención a estos ciudadanos fusilados cuyo único pecado fue, acaso, la falta de información y la vulnerabilidad. Ni una frase. Se trata de un silencio que clama al cielo.

El primer paso para impedir que estas cosas vuelvan a suceder es aislarlas políticamente. El segundo es identificar claramente los diseños institucionales que deben ser cambiados —un cambio deseado intensamente, sospecho, por los soldados de la República que honran y respetan su uniforme—.