Por: Antieditorial

Precedente para la destrucción de los páramos

El editorial del 28 de marzo de 2015 anunció lo que viene para los páramos y otros ecosistemas sensibles del país.

Con el argumento del “enfoque ecosistémico”, término mal apropiado de la literatura y nueva tendencia de la biodiversidad argumental, se considera que la respuesta del Consejo de Estado al Ministerio del Ambiente sobre la aplicabilidad “retroactiva y progresiva de la prohibición de actividades de minería y agropecuarias en el páramo”, da luces y abre puertas para considerar de manera renovada la gestión ambiental y es un precedente positivo para la misma. Al parecer con esto se “hace compatible la prohibición con la vida digna y la subsistencia de los habitantes del páramo”.

El editorial tomó frases fuera de contexto de la providencia del Consejo de Estado para armar un rompecabezas favorable a decisiones contrarias al espíritu del pronunciamiento y a la lógica del manejo ambiental y el desarrollo sostenible. “La providencia explicó que los ministerios de Ambiente, Agricultura y Minas están obligados a iniciar programas de sustitución y capacitación ambiental o de reconversión para las actividades agropecuarias que se desarrollaban en los páramos, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1450 de 2011. Sin embargo, si alguna de dichas labores pone en riesgo el ecosistema, el Estado podrá expropiar el predio para buscar la restauración y conservación ambiental”. Nota del C. de E.

“Si los contratos celebrados antes de la Ley 1382 de 2010 ponen en riesgo los ecosistemas de páramo, no podrán seguir ejecutándose y deberá darse prevalencia al interés general de protección del medio ambiente sobre los intereses particulares del concesionario minero. Estos casos deben ser analizados para determinar si son necesarios los acuerdos de compensación económica, para evitar reclamaciones judiciales”. Nota del C. de E.

“Por ello se ha indicado que un objetivo central de las normas ambientales es subordinar el interés privado que representa la actividad económica al interés público o social que exige la preservación del ambiente. De este modo, frente a una eventual oposición entre el derecho a un medio ambiente sano y la garantía constitucional de situaciones particulares y concretas, la ‘primacía del medio ambiente parece difícilmente controvertible’, por las razones de interés general que justifican su protección”, señala el concepto del Consejo de Estado.

Todo esto se omite en el editorial de El Espectador para concluir que el páramo es un “sistema socioecológico”, lo que se considera un gran avance, con lo cual las decisiones deben ser hechas para “conciliar y no polarizar”. Esto naturalmente respalda la visión del doctor Vallejo, ministro de Ambiente, quien sostiene que la política ambiental consiste en conciliar intereses en conflicto. Esto no garantiza el derecho constitucional a un medio ambiente sano ni impulsa el desarrollo sostenible, con la toma de decisiones sobre bases científicas, soportadas en estudios sociales, económicos, ecológicos y ambientales en profundidad que expliciten la complejidad sobre la que se trata. La decisión sobre Santurbán no tiene este soporte y es el precedente de una gestión ambiental equivocada que amenaza el patrimonio natural del país.

 

Pablo Leyva

 

 

Buscar columnista

Últimas Columnas de Antieditorial

Duque: esperanza real

La educación: ¿pervive el pensamiento liberal?

Una justicia excesivamente cautelosa

Congresistas, nivelados por lo bajo

Colombia es una nación, no un “reality”