Por: Cartas de los lectores

Prefiero a los ambientalistas extremos

Es difícil escribir en contra de un columnista como Ramiro Bejarano, a quien leo semanalmente y confieso que, por lo general, comparto su opinión. Pero considero que en sus ocho columnas en contra de los ambientalistas extremos hay una falta de precisión en la información.

Uno de los aspectos que pongo sobre la mesa y que considero se debe incluir en sus columnas es el tema de la reglamentación minera. Llevo 20 años recorriendo el país para evaluar el estado de algunos ecosistemas y he encontrado que, en los lugares en donde hay extracción minera, las compañías grandes, medianas y pequeñas (formales e informales) no cumplen a cabalidad los estándares internacionales de exploración y explotación, afectando páramos, bosques, quebradas, ríos y sistemas ambientales en general. Esto se debe a que la reglamentación no es clara y a que el Estado no tiene la capacidad de hacer una veeduría eficiente de la gestión minera, lo cual provoca el deterioro ambiental que tanto reclaman los ambientalistas extremos.

Tampoco es clara la reglamentación en cuanto a los beneficios de las comunidades y poblaciones en donde se hace gestión minera. No es tan cierto que las personas se beneficien por la explotación minera, sobre todo cuando la repartición de las regalías ya no llega directamente a los municipios, corregimientos y veredas en donde se realiza la explotación. El Sistema General de Regalías, establecido en la Ley 1530 de 2012, tiene tantas fallas en su reglamentación que ha permitido que las gobernaciones, a través de funcionarios y contratistas, se apropien de ellas sin que la población se beneficie de manera directa. Es decir, pasamos de un esquema en donde se construyeron cientos de elefantes blancos al desvío de recursos descarado por los mismos políticos regionales corruptos de siempre.

Tal vez el beneficio al que se refiere Bejarano se da más por generación de empleo en las zonas de explotación minera, que obviamente podría mejorar la calidad de vida, pero que no necesariamente es un camino para el progreso local sostenible y sustentable. Para dar un ejemplo, he presenciado los daños que ha generado la explotación carbonífera de Drummond durante años, sin que el Estado haya podido hacer una veeduría efectiva que sancione a esta entidad por todo el daño ambiental generado, sin mencionar las enfermedades provocadas y la afectación a los ecosistemas en todos los municipios por donde pasa el tren para llegar al puerto de embarque en las playas cercanas a Santa Marta.

No me considero ambientalista extremo. De hecho, estoy escribiendo en mi computador, utilizo celular, manejo en mi carro y monto en mi bicicleta periódicamente, todos los cuales se elaboran con productos resultado de la minería. Tampoco soy de los que vociferan en contra de las corridas de toros, porque soy consciente de la forma como sacrifican las reses en los mataderos, y también uso chaquetas y zapatos de cuero.

Pero, ante la falta de reglamentación clara de las leyes para la exploración y explotación minera, así como la falta de capacidad del Estado para hacer veeduría y lograr que se cumplan las normas de minería responsable, prefiero que los ambientalistas extremos protejan nuestro territorio y las comunidades se pronuncien, para que las compañías extranjeras no les pinten pajaritos en el aire y se lleven la mejor tajada (como siempre), dejando los ecosistemas deteriorados.

Alejandro Borrero Fernández.

 

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