Preguntas al contralor general

Felipe Zuleta Lleras
28 de julio de 2018 - 11:45 p. m.

El pasado 7 de junio, el contralor delegado Javier Noguera explicó en los medios las razones del ente investigador para imputar cargos a la Junta Directiva de Reficar y a otros directivos por un presunto detrimento patrimonial en la construcción y modernización de la refinería de Cartagena. Me surgen varios interrogantes que, me imagino, tendrán alguna explicación:

1. El proceso de responsabilidad fiscal empieza considerando que el detrimento patrimonial es de US$6.080’000.000 y se termina imputando uno de US$2.433’000.000, casi $5 billones menos. ¿Cuál fue la metodología que utilizó la entidad para calcular el daño? ¿Qué dictámenes y pruebas técnicas soportan este daño? ¿De qué expertos se valió la Contraloría para probar el daño? La Contraloría está dando bandazos. Utilizó para determinar el daño un estudio del profesor Julio Villarreal, no lo aceptó en su integridad y posteriormente decidió en contra de un dictamen del exministro Rudolf Hommes. ¿Acaso los estudios para determinar el daño se redujeron a cálculos artificiosos y subjetivos?

2. Reficar empezó un proceso contra la empresa CB&I en la Corte Internacional de Arbitraje para que dicho contratista, quien fue el encargado de todo el proyecto (al parecer el verdadero responsable del presunto daño), responda por US$2.000 millones. ¿La Contraloría ha valorado las implicaciones que para el proceso arbitral tiene su decisión de atribuir responsabilidad fiscal a los miembros de la Junta Directiva y funcionarios de Reficar, por los mismos daños que en ese proceso arbitral Reficar le atribuye a CB&I? ¿No será que la Contraloría está poniendo en riesgo el éxito de dicho proceso arbitral y, de contera, el patrimonio de los colombianos?

3. Los US$2.433’000.000 que ha imputado como daño la Contraloría evidentemente no podrán ser pagados por los funcionarios. ¿Quién los va a pagar? El diablo está en los detalles: a pesar de que la Contraloría mantiene vinculadas al proceso a las compañías de seguros llamadas como terceros responsables, ellas de acuerdo con la ley no deben pagar si el fallo condena a los imputados a título de dolo y así es que los ha imputado. Más grave resulta que la Contraloría archivó el proceso a favor de la matriz CB&I N.V., que fue precisamente la que se comprometió a responder por las conductas e incumplimientos de sus subsidiarias CBI Colombiana S.A. y CB&I U.K. ¿Se tratará entonces de un fallo para enmarcar? Mientras ese proceso de arbitraje ha durado más de dos años, la Contraloría ha decidido velozmente. ¿Acaso ese afán la ha hecho cometer graves errores?

4. Se reprocha a los imputados haber aprobado dineros adicionales al contrato (en el proceso se habla de control de cambios), disminuyendo la rentabilidad del proyecto; sin embargo, se archiva la investigación de los miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol, que autorizó los pagos. ¿Acaso se está favoreciendo a los importantes miembros de la Junta de Ecopetrol?

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