Debemos pedir claridad en las apuestas de política económica de los candidatos. De ello depende buena parte de nuestras expectativas de bienestar en los años venideros. Las políticas públicas, y dentro de ellas la política económica, son la manera como los gobiernos aterrizan los programas con que quienes aspiran a la presidencia se comprometen.
Por estos días de democracia y economía digital, sentimientos, emociones y su manipulación, o no, pueden tener más influencia en preferencias de los votantes que compromisos y programas. Aunque el éxito de una candidatura no dependa de los objetivos con que se compromete, independientemente de su cumplimiento, es inimaginable una candidatura sin propuestas, aunque sean elaboradas a medida. El país quiere saber para dónde vamos.
Desde el punto de vista teórico hasta ahora, de manera muy tímida, los candidatos comienzan a alinearse en torno a las tres grandes tendencias con que se ha observado, desde la economía, la relación entre Estado y mercado en las sociedades democráticas: la que privilegia el mercado; la que privilegia la intervención del Estado, y una tercera, más pragmática y reciente, que trata de ubicar cada problema en sus circunstancias. Además de las tres, por supuesto, siempre está la opción populista que concede preeminencia a una u otra dependiendo de lo que esta quiere oír, manipulando emociones y sentimientos, para conseguir sus votos.
Un ejemplo reciente de la última visión es lo que ocurre en Estados Unidos donde el presidente Trump, quien como candidato condenó el exceso de gasto público de Obama, ha presentado al congreso un presupuesto que duplicaría el déficit fiscal de ese país en el mediano plazo, luego de cumplir, debe decirse, con la reducción de impuestos prometida.
La primera pregunta para nuestros candidatos es elemental: ¿De dónde saldrán los recursos para cada una de sus propuestas?
En Colombia el ciclo descendiente de la economía que debe tener su punto más bajo en el 1.8% del PIB en 2017, nos deja en una difícil situación que reclama prontas respuestas por parte del próximo gobierno. La primera de ellas tiene que ver con el déficit fiscal que podría hacer necesaria una nueva reforma tributaria en 2019.Con una economía convaleciente, es necesario conocer si se propone incrementar o reducir el gasto y, en este último caso, cuáles serán las herramientas que permitirían al Estado influir en el desempeño de la economía.
Desde el mismo ángulo debemos conocer la decisión de los candidatos frente a la regla fiscal. ¿Estarán dispuestos a modificarla? ¿Por qué, sí o no, y hasta dónde?
Desde el punto de vista de la salud de las finanzas públicas, y no solo como un imperativo ético, ¿Cuál es la magnitud; razones y medidas prácticas que adoptarán, diferentes a las inútiles conocidas, para lograr que el gasto público, un 29% del PIB, sea más eficiente, incluyendo decisiones efectivas contra el robo de recursos públicos? ¿Cómo vamos a resolver el creciente déficit pensional?
Es inevitable preguntar por la continuidad, o no, de un modelo de acceso a divisas dependiente de la producción petrolera. Necesitamos saber si seguiremos poniendo los huevos en la misma canasta o si estimularemos la producción y auge de otros sectores y cómo, combinadas estas políticas con los principios y alcance de la intervención estatal prometida, luego de un año terrible con un decrecimiento del -1% en la industria y de -10.4 en la construcción de edificaciones. A propósito ¿Cuál es su idea de tasa de cambio conveniente? Qué medidas están dispuestos a asumir, para mitigar el riesgo cambiario de la deuda pública, dependiendo de las respuestas anteriores?
Por demás necesitamos claridad sobre la economía colaborativa como decisión de gobierno: ¿Qué haremos con aplicaciones como Uber?
La pregunta final, en un país necesitado de una enorme inversión para conseguir un crecimiento significativo, se refiere al punto de vista de los candidatos sobre la seguridad jurídica que soporta y promueve empleos. Esta vez las firmas deben escribirse en piedra.