Preguntas y prioridades

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El Gobierno no ceja en su absurda política de erradicación forzada de cultivos ilícitos. Denuncia la Red de Organizaciones Sociales y Campesinas del Norte y Bajo Cauca que entre el 11 y el 13 de abril se llevaron a cabo varias jornadas de este tipo en los municipios de Ituango y Valdivia. La Coccam —Coordinadora de Cultivadores de Coca y Marihuana, producto del Acuerdo de Paz entre el Estado y las Farc—, por su parte, informa que en el proceso de preparación de una erradicación el ejército detuvo a dos campesinos en Ancuyá (Nariño).

Estos sólo son un par de ejemplos de muchos posibles. Todos ellos plantean preguntas incómodas. La primera es simplemente qué sentido tiene quitarles a la brava los medios de subsistencia a unos campesinos en medio de un evento que tiene a medio país aguantando hambre. Al contraargumento de que aun con la pandemia hay que seguir combatiendo el delito se le puede contestar de dos maneras. Por un lado, y por desgracia, lo que hemos visto es que el coronavirus le está sirviendo de tapadera a decenas de poderosos para ponerse a cubierto (algo a lo que he de volver pronto). Pero, por otro, y aun aceptando el principio teórico, estos blancos de la erradicación forzada ya han aceptado la sustitución voluntaria y buena parte de ellos están inscritos, o pertenecen ya, al PNIS, el programa de sustitución de cultivos que había comenzado con buenos auspicios.

 

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