Por: Patricia Lara Salive

¿Premiados en Tolemaida?

EL INFORME "TOLEMAIDA RESORT", de la revista Semana, a propósito de las condiciones privilegiadas que disfrutan militares condenados por delitos de lesa humanidad, en contraste con las que allá tienen los uniformados que pagan su pena por haber cometido hechos menos graves (falsedad en documento público, ataque al inferior, peculado o, incluso, homicidio, pero no relacionado con masacres), abre un debate fundamental:

¿Podría pensarse que ciertos militares consideran que, si de aniquilar al enemigo se trata, cometer algunos delitos de lesa humanidad son gajes del oficio, traspiés que se suscitan en la guerra o, incluso, acciones que ojalá no hubiera que hacer pero que, si no se ejecutan, se le da una ventaja estratégica “al enemigo”, quien sí utiliza tácticas criminales, y se corre así el riesgo de ser derrotados por él?


Es que no es fácil entender que, después de que hace casi tres meses, a raíz del escándalo suscitado por la fuga de la cárcel militar de Tolemaida del mayor César Maldonado, condenado a 25 años de prisión por homicidio y por atentar contra el exparlamentario Wilson Borja, según los altos mandos, se tomaran las medidas necesarias para controlar la situación —entre ellas el cambio del responsable del penal— y, todavía hoy, varios militares detenidos allá por delitos de lesa humanidad, vivan en cabañas, entren y salgan cuando quieran de la prisión, tengan negocios en el penal, muchos sean aun miembros activos del Ejército, ganen sueldo y, algunos, hasta vayan de vacaciones a las playas y regresen... Y tampoco es fácil explicar que al Inpec se le haya impedido inspeccionar en febrero la cárcel de Tolemaida, como lo denunció el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras. Y menos sencillo es comprender que, a pesar de que “se tomaron medidas”, al parecer no hubiera existido la voluntad política de los mandos responsables para cambiar de verdad ese estado de cosas….


¿Significa esto que ya es hora de enfrentar el hecho de que hay discrepancias entre civiles y algunos militares sobre la necesidad de que aquí rija efectivamente el Derecho Internacional Humanitario (DIH)? ¿Ya es hora, como diría Álvaro Gómez, de que lleguemos a un “acuerdo sobre lo fundamental” a propósito de qué está permitido y qué no en el combate contra “el enemigo”, sobre cuáles son los límites en esta guerra prolongada que se ha degradado hasta el punto de que a menudo saca a la luz los peores instintos de ciertos combatientes?


La fiscal general de la Nación, Viviane Morales, calificó de “vergonzoso” lo descubierto en Tolemaida. Y el presidente del Senado, Armando Benedetti, afirmó que mientras el Ministro del Interior sostiene una cosa, el jefe de las Fuerzas Militares dice otra. Y el vocero conservador en la Cámara, Telésforo Pedraza, declaró que “el país respalda a sus Fuerzas Armadas, pero que en casos como este, hay una mal entendida solidaridad de cuerpo que pretende tapar cosas”. Y el Polo clamó porque “se asuma la responsabilidad política por las irregularidades en Tolemaida”.


¿No será que ahora nos corresponde más bien asumir el debate sobre que, respecto del DIH, ciertos civiles y militares hablan lenguajes distintos y, lo que para unos es atroz, para otros no lo es tanto; lo que para los de un lado es bueno, para los del otro es malo; lo que para estos merece castigo, para aquellos merece premio?


Eso sería, ni más ni menos, lo que podría indicar la existencia de semejante “Tolemaida Resort”, destapado por la revista Semana...


 

 

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