Por: Fernando Galindo G.

Presidente de las EPS, ¿en Estado social de derecho?

En declaraciones a Noticias Uno del 21 de julio, Jaime Arias, presidente de Acemi, dictaminó un delito, de su imaginario, para los colombianos que opinen en relación con la situación de la salud. Sentenció que quienes se refirieron a la crisis o al colapso del sistema habrían incurrido en el delito penal tipificado como pánico económico.

Desconoció que el presidente, en la alocución sobre las reformas a la salud, definió como el primer problema la iliquidez financiera y, en la instalación del Congreso, afirmó que “las dificultades en el sistema de salud se vienen acumulando de mucho tiempo atrás”.

Es pertinente recordar que Arias Ramírez, además de ministro, fue ponente de la Ley 100, secretario de Salud de Bogotá y presidente del Seguro Social.

En su veredicto quedarían inmersos los altos dignatarios del Estado que integran la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía, la Auditoría, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que se han ocupado de examinar, investigar, juzgar, sancionar e informar sobre las anomalías y delitos detectados en los diversos estamentos que componen el actual modelo de salud. Es decir, que han cumplido con su deber.

No escaparían a la condena del doctor Arias sus colegas de las organizaciones profesionales, como la Academia Nacional de Medicina, la Federación Médica Colombiana, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, entre otras, que han denunciado, no sólo la crisis, sino las comprobadas irregularidades del sistema que el representante de Acemi contribuyó a instaurar y mantener en Colombia.

La Academia Nacional de Medicina organizó, el 13 julio, el foro ‘La verdad sobre las EPS: juicio crítico’. Al doctor Arias le correspondió participar con el tema: “Papel de la intermediación en el sistema de salud”. El ponente sorprendió con la aseveración de que las EPS se anclan en el artículo 48 de la Constitución Nacional, afirmación que fue rectificada por un participante, quien leyó el texto del artículo, que se refiere a la “seguridad social” y no al aseguramiento. Lo que pudo haber obnubilado al doctor Arias fue la conclusión del foro, que a la pregunta “¿son necesarias las EPS en un sistema de salud?”, fue un rotundo no.

Resultan deplorables las declaraciones comentadas en el Estado social de derecho de Colombia, que tiene en el artículo 20 de la Constitución uno de sus más preciados atributos: “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación”. No en vano ocupa la primera magistratura un ciudadano proveniente de la entraña periodística. Doctor Arias, se equivocó de país.

 

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