Por: María Elvira Samper

Presidente Santos, ¡sea liberal!

HAY PREOCUPACIÓN ENTRE LOS PEriodistas, sobre todo entre aquellos que se dedican a la investigación, con la Ley de Inteligencia que el Gobierno va a presentar a consideración del Congreso.

 

El artículo 35, que castiga con cárcel a quienes filtren información reservada, despide un tufillo de censura y parece esconder la intención de obstaculizar las investigaciones de los medios.

El Gobierno sostiene que las sanciones están pensadas para los funcionarios del Estado y no para los periodistas, y que incluirá un artículo para dejar claro que la reserva no los cubre. No sobra redundar en un derecho ya consagrado en la Constitución —el derecho de mantener el anonimato de las fuentes—, pero ese no es el problema de fondo. La principal preocupación tiene que ver con las consecuencias que la aprobación del artículo podría tener en el periodismo de investigación, justo cuando la corrupción, que ha soprepasado de lejos las “justas proporciones” de que hablara el presidente Turbay, se ha convertido en un sistema alternativo de poder económico y político.

Los periodistas trabajamos continuamente con filtraciones. Llegan por todas partes: algunas se convierten en punto de partida o en pista clave para avanzar, profundizar o atar cabos, otras se desechan porque ocultan turbias intenciones. Y si bien no hay fuentes del todo desinteresadas —de ahí la exigencia de verificar y contrastar la información con otras fuentes—, quienes deciden aportar información a un periodista no necesariamente lo hacen para causar daño. Todo lo contrario.

Gracias a esas fuentes y a sus filtraciones, los medios han podido destapar casos como las chuzadas del DAS y el carrusel de la contratación; las irregularidades de Agro Ingreso Seguro, Incoder, Banco Agrario, Fondelibertad y Estupefacientes; los vínculos del exdirector de Fiscalías Guillermo Valencia Cossio con la mafia, y los privilegios en la cárcel de Tolemaida a militares condenados por delitos de lesa humanidad, entre muchos otros. De alguna forma, esas denuncias periodísticas han ayudado a un sistema de justicia débil, sobresaturado de casos y con limitada capacidad de investigación por falta de personal y de recursos.

El ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, insinúa que detrás de toda filtración hay billete. Una premisa falsa y tendenciosa que supone que los medios pagan por esas informaciones y que pone en entredicho la seriedad y probidad de los que han destapado las más pestilentes ollas podridas. Puedo dar fe de que no hay uno solo de aquellos en los que trabajo o he trabajado que pague o haya pagado por información, y creo que lo mismo puede decirse de muchos otros en el país.

Lo importante, lo fundamental de la ley en cuestión —para impedir que se repita lo del DAS—, es que define las reglas de juego, establece responsabilidades precisas y fortalece los controles a los organismos de Inteligencia. Lo de pasar de “multicas”, como dice Mindefensa, a castigar con cárcel a quienes filtran información sólo introduce un ruido innecesario de censura.

El presidente Santos, de regreso a sus raíces liberales y con pasado de periodista —fue durante 10 años subdirector de El Tiempo—, debe recordar muy bien que fue él quien en agosto de 1984 filtró una información reservada que puso contra las cuerdas al gobierno de Belisario Betancur: una carta que los capos del cartel de Medellín le habían enviado dos antes meses al presidente por medio del procurador general Carlos Jiménez Gómez y el expresidente López Michelsen, en la que proponían desmontar sus operaciones de narcotráfico a cambio de la no extradición. Fue interpretada como un indicio de que se estaba cocinando una negociación con el narcotráfico.

Presidente Santos, usted fue periodista, elimine el artículo 35. ¡Sea liberal!

 

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