Presidente y alcaldesa están de acuerdo

Noticias destacadas de Opinión

Los dos fundamentan sus decisiones en un mismo lenguaje: la utilización de datos públicos desde una perspectiva de gobierno abierto. Ambos afrontan reacciones de diferentes sectores, pero, con seguridad, están de acuerdo en la conveniencia de digitalizar Bogotá.

El justificado celo en la protección de datos no debe paralizar una actualización tecnológica que la capital está demorada en realizar. Digitalización y gobierno abierto son herramientas para conseguir transparencia, eficiencia y combatir la corrupción, pero no son “solo” eso: hacen realidad principios que se nos habían quedado en el discurso, como la participación ciudadana. Son factores de renovación y cambio hacia una gestión y una política de mejor calidad.

El principio constitucional de participación, mucho más allá de lo electoral, se refiere a involucrar e incluir a todos los sectores ciudadanos en la gestión de los gobiernos. Administraciones inclusivas hacen posibles democracias mejor consolidadas y con mayor gobernabilidad. Lo que no ha podido la politiquería, mayor eficiencia y resultados contra la corrupción, la tecnología lo hace posible a un bajo costo.

La actualización de Bogotá debería comenzar por su Estatuto Orgánico, a efectos de adecuarlo a sus nuevas realidades y necesidades, para lo que haría falta un gran acuerdo nacional. En los asuntos públicos, sin embargo, no necesariamente el diseño y la ejecución de políticas cumplen todas las formalidades convencionales, menos en una época de acelerada transformación tecnológica en que no siempre los procesos son lineales. Tampoco se puede “esperar” hasta que una situación ideal —un nuevo Estatuto Orgánico— ocurra. Está sucediendo con el debate acerca de la conveniencia de integrar, mediante la creación de un programa y una aplicación para el gobierno abierto, a la ciudadanía con la administración en Bogotá.

El modelo de gobierno abierto que está transformando las administraciones públicas en el mundo no es optativo: se trata de involucrar en su desempeño avances tecnológicos hoy indispensables. El vínculo entre ciudadanos, instituciones del Estado y emprendimiento, mediante la utilización de datos de propiedad ciudadana, da lugar al desarrollo de aplicaciones que optimizan la gestión, haciéndola más transparente y eficiente, y generando nuevas actividades económicas. No podemos renunciar a ello.

Existe, con sobrada motivación, un debate mundial acerca de la utilización perjudicial, o ilegal, de la información, pero el hecho de que su uso sea inadecuado o que “se haga mala política con los datos”, como han sugerido sectores políticos en Bogotá, no constituye argumento suficiente como para impedir que se usen por gobiernos democráticos en beneficio de la gente ¿Alguien puede garantizar que, si Bogotá renuncia a la creación de un ente para su desarrollo y a la creación de aplicaciones, los mismos datos no serán usados en beneficio de particulares o de manera inapropiada? Equivaldría a renunciar al uso de las matemáticas en la contabilidad pública porque con las mismas herramientas hacen cuentas los ladrones.

El uso de inteligencia a partir de datos está relacionado con todas las fases de la administración, desde el diseño hasta la ejecución y control de políticas públicas. Una ciudad inteligente conoce, a un costo muy bajo, sus necesidades de todo tipo y las gestiona rápidamente, en un escenario en que la velocidad —el uso del tiempo— es importante. Puede pasar, por ejemplo, con las consultas a la ciudadanía que informan a todos y ayudan a lograr mejores decisiones consensuadas en una ciudad en que todos tienen celulares.

Una aplicación de consultas ciudadanas, acerca de los proyectos en barrios y localidades, por ejemplo, mejora sin duda la gestión del gobierno en la ejecución de los recursos públicos. Dados unos recursos limitados, ¿será más importante invertir en parques, bibliotecas, mejora de atención en salud u otras opciones? Hoy podemos preguntarlo a los interesados y, de paso, solicitar información y alternativas con una gran precisión, en un ejercicio de participación concreta. Una aplicación para realizar y mantener al día el inventario de daños en la malla vehicular sería económica y efectiva. Otra para verificar el nivel de ejecución de los contratos, etc.

El asunto, claramente, no se reduce a Bogotá. La Presidencia de la República está empeñada en la digitalización y el gobierno abierto, como lo hacen la ONU, la CEPAL y la OCDE, comprendiendo que se trata de un objetivo impostergable. El presidente Duque y la alcaldesa, afortunadamente, en este asunto trascendental están de acuerdo.

@herejesyluis

Comparte en redes: