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Presiones e insidias

Piedad Bonnett
09 de agosto de 2020 - 05:00 a. m.

El lunes 3 de agosto, en vísperas del dictamen de la Corte Suprema de Justicia sobre Álvaro Uribe, el Centro Democrático sacó en El Tiempo un comunicado —cuyo tono grandilocuente me hace pensar en la mano de José Obdulio Gaviria o de Fernando Londoño— defendiendo a su líder, lanzando una afirmación artera —la de que “distintos elementos asociados con la izquierda armada” son culpables de “tejer un imaginario criminal” para deformar la percepción pública de Álvaro Uribe— y atacando el proceso de paz. Porque no otra cosa hay detrás del ya manido argumento según el cual es inconcebible que “los delincuentes que arrasaron la paz nacional (estén) sentados en el Congreso” mientras la suerte de su jefe político está en vilo.

Con toda razón esa misma noche las altas cortes y la presidenta de la JEP publicaron un comunicado conjunto haciendo un llamado a respetar el poder judicial, pues la publicación del Centro Democrático entrañaba también, soterradamente, una presión indebida a la Corte Suprema. Una más dentro de su ya larga cadena de presiones e insidias. Entre estas últimas está la de Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa, quien afirmó de manera irresponsable y peligrosa, en un país donde se mata al que piensa distinto, que en la Comisión de la Verdad la “mayoría de los comisionados registran afinidad ideológica o nexos con grupos armados”. Poco después el mismísimo presidente Duque, a raíz de la insensata y cínica respuesta sobre reclutamiento de menores de edad de Griselda Lobo, viuda de Tirofijo, se atrevió a decir que no se necesita mucha sofisticación para que después de cuatro años no haya procesados ni sanciones, en presión indebida a la JEP, cuya presidenta tuvo que recordarle que, por desidia del Gobierno, llevan sesionando apenas dos años y medio y no cuatro, y que la supuesta dilación responde a que hay que respetar los pasos que ordena la Constitución. Finalmente, resulta del todo impresentable que, ante la medida de casa por cárcel para su jefe, Iván Duque haya dedicado toda su alocución a afirmar “como presidente” la inocencia de Álvaro Uribe, y apenas si haya dedicado una frase a decir que entendía “el papel de las instituciones y la independencia de poderes”. No, señor, eso no parece haberlo entendido.

Cuando el Centro Democrático afirma que las imputaciones a Uribe obedecen a una persecución de la “extrema izquierda”, está descalificando a la justicia. Y cuando habla de “un imaginario criminal”, menosprecia la visión crítica de muchos colombianos que, sin ser de izquierda, creen en las instituciones y esperan la verdad sobre un expresidente que se cree intocable. El endiosamiento ciego de Uribe responde a un pensamiento caudillista, decimonónico, propio del mundo feudal, terrateniente, que él encarna. El mismo que defiende el presidente Duque cuando invoca a la Virgen de Chiquinquirá en un país laico y con libertad de culto, o cuando se manifiesta contra el aborto y el matrimonio gay, pero se muestra partidario de la cadena perpetua. La lucha no es, como creen los uribistas, entre izquierda y derecha, sino entre el viejo país, lleno de odios sectarios, empeñado en la guerra, y un país moderno, que cree en las instituciones y en que hay que buscar justicia y paz con verdad y reparación.

 

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