Primera advertencia

CUANDO LA CORTE SUPREMA LE PREguntó al Presidente por los motivos que lo llevaron a ordenar la extradición de 14 jefes paramilitares, él dejó en el ambiente la impresión de que los magistrados se preocupaban por la suerte de “esos angelitos”.

Fuera de la sarcástica frase, no ha habido respuesta oficial precisa a tal interrogante. De paso, hay que resaltar que la inquietud de la Corte es válida puesto que se trata de una decisión que impacta procesos que son de su competencia: los de la parapolítica. No era, entonces, una intromisión de la Rama Judicial en los asuntos del Ejecutivo, como también se quiso insinuar.

Probablemente si el Gobierno hubiera resuelto a tiempo el mensaje de la Corte; si hubiera tomado en serio su propio programa de desmonte del paramilitarismo y la consiguiente aplicación de la Ley de Justicia y Paz; si hubiera implantado un régimen carcelario austero y justo para los desmovilizados principales; si hubiera puesto tantica voluntad política en cuidar los derechos de las víctimas; pero sobre todo, si se hubiera interesado en que se juzgaran primero los delitos de lesa humanidad en Colombia y no el de narcotráfico en Estados Unidos, hoy no tendría que responderle a la Corte Penal Internacional una comunicación en la que se lee entrelíneas que está vigilante. Ni más, ni menos.

Va a tocar que el equipo gubernamental le conteste cara a cara al fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, porque llega el próximo lunes a atender una invitación del fiscal Iguarán. No existe mejor momento para que quien representa la justicia supranacional sea testigo ocular de los sucesos de la nación, pues los colombianos de una época para acá nos volvimos ciegos, sordos y mudos. Moreno Ocampo podría sentarse en un balcón a analizar desde allí cómo acusan los investigados al magistrado que los investiga y cuál eco tienen los primeros, de inmediato, mientras la honorabilidad del segundo queda en duda. Cómo en los pasillos de Palacio le dan credibilidad  —y ahí sí respuesta automática— a las cartas que envían oscuros detenidos desde sus prisiones, ‘denunciando’ supuestos delitos de los contradictores del poder. Con cuánta frecuencia se denuesta en los discursos presidenciales de magistrados y tribunales. Y cómo el apoyo popular se ha usado para arrinconar a los jueces y rodearlos de un clima de miedo, en vez de uno de garantías.

Unos sofistas aseguraban que no había lugar a que la CPI actuara porque “hay justicia autónoma” y porque existe una cláusula de ingreso pleno del país a la jurisdicción de ese tribunal hasta el año 2009, lo que impediría su intervención. Ninguno de los dos argumentos es cierto. En particular sobre la cláusula, porque ella sólo se estableció con relación a los crímenes de guerra, pero no protege a los nacionales en casos de genocidios o delitos de lesa humanidad. Así que más les vale irse desmontando de la débil teoría. Sería conveniente, en cambio, que averiguaran más.

Por ejemplo, acerca de una charla que Paul Seils, uno de los cerebros intelectuales tras la figura del fiscal Moreno, tuvo con altos funcionarios judiciales del país durante un reciente encuentro en Madrid. Seils señaló que para que la CPI intervenga se requiere una de estas tres condiciones: demora injustificada en fallar los casos; incapacidad para llegar a conclusiones, o que el proceso esté contaminado porque no hay posibilidades de imparcialidad o independencia de la justicia. ¿Será que en nuestro territorio se cumple una de ellas? Y si es así, ¿cuánto nos falta para que la CPI inicie acciones?