Primeras propuestas tributarias

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Contrariando las expectativas, en su discurso de instalación del Congreso el pasado 20 de julio el presidente de la República no se refirió al angustioso problema fiscal del país.

Como también en el campo de la política económica existe “horror al vacío”, pronto comenzaron a aparecer propuestas independientes dirigidas a elevar los ingresos del Estado. La primera fue de la Andi, encaminada a conseguir recursos para extender programas sociales de apoyo a algunos grupos afectados por la pandemia. Y, unos días después, decenas de congresistas, independientes y de oposición, dieron a conocer una controvertida propuesta de reforma tributaria.

La iniciativa de la Andi está enfocada a imponer el pago del 0,75 % sobre las nóminas de las empresas formales durante dos años, con el objetivo de reunir una suma de $1,5 billones, monto que financiaría una extensión del programa Ingreso Solidario a “grupos de artesanos, vendedores ambulantes, recicladores, artistas y deportistas”.

A pesar de sus nobles propósitos, se trata de una nueva carga parafiscal sobre las empresas, que crearía un incentivo adicional para que muchas entidades afectadas por la crisis económica redoblen sus esfuerzos para recortar gastos, entre ellos los del trabajo. Iría, por lo tanto, frontalmente en contra del propósito de combatir el desempleo en momentos en que este flagelo supera el 20 %.

Como es natural, esta medida golpearía con mayor intensidad a las compañías del sector de servicios, las más afectadas por la pandemia, y a las pequeñas y medianas empresas, con menos acceso a crédito y capital y, por lo tanto, con mayor riesgo de desaparecer.

Desde hace mucho tiempo, distintos expertos en economía laboral, tanto del país como del exterior, han venido insistiendo en que para combatir el altísimo desempleo y la gran informalidad en Colombia es necesario recortar los elevados impuestos a la nómina. Para probar este planteamiento, señalan que con la eliminación de la financiación del Sena y el ICBF con impuestos a los salarios se produjo una promisoria caída de la informalidad, una tarea que debería complementarse con nuevas reducciones de las cargas parafiscales. La propuesta de la Andi, infortunadamente, va en contravía de estas recomendaciones.

Además, no queda claro cómo se pretende aprobar el impuesto que plantea la Andi. Si el Gobierno no adopta esta propuesta por medio de un decreto, dentro de una tercera emergencia económica y social, algo que se considera improbable y también inviable, la iniciativa tendría que ser tramitada en el Congreso de la República. Y allí entraría a competir con otras propuestas que seguramente surgirían en el debate parlamentario, muchas dirigidas, como la de los partidos de oposición, a producir un revolcón profundo de las finanzas públicas.

En conclusión, es posible que el principal efecto de las iniciativas independientes que están surgiendo sea atizar la necesaria discusión de una gran reforma tributaria, cuyos montos y cuya necesidad fueron descritos por el Ministerio de Hacienda hace unas semanas, un debate que la Presidencia de la República, aparentemente, ha considerado que únicamente debería darse en los próximos meses, cuando amaine la pandemia. Mientras tanto, seguramente, nuevas propuestas seguirán llenando el vacío y la discusión seguirá creciendo.

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