Por: Ramiro Bejarano Guzmán

Primero y siempre la dignidad

Acertó el ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria, al cumplir —en contra de la Conferencia Episcopal y el abusivo procurador Ordóñez— un fallo de tutela de la Corte Constitucional, que ordenó impartir las directrices para la organización y el funcionamiento de los comités científico-interdisciplinarios para ejercer el derecho a morir con dignidad.

La resolución expedida es seria política, jurídica y científicamente, y no deja duda alguna del profesionalismo con el que fue facturada.

A los jerarcas de la ultragoda Iglesia católica y al procurador les convendría leer la resolución de Gaviria, antes de decir tanta bobada en nombre de la Santísima Trinidad. Lo primero que hay que dejar claro es que Gaviria no ha diseñado un mecanismo para satisfacer suicidas, como de manera irresponsable lo han afirmado varios obispos, sino que ha reconocido el derecho de los enfermos terminales “a desistir de manera voluntaria y anticipada de tratamientos médicos innecesarios que no cumplan con los principios de proporcionalidad terapéutica y no representen una vida digna para el paciente”.

La creación de comités científico-interdisciplinarios para el derecho a morir con dignidad, integrados por un médico experto en la enfermedad que padece el enfermo distinto de quien lo venga tratando, un abogado y un psiquiatra o psicólogo clínico, garantiza el derecho fundamental de un paciente terminal a no recibir tratamientos inútiles y a no querer vivir sin dignidad. Estábamos en mora de que alguien se ocupara de este asunto, despojado de sentimientos religiosos o supersticiosos. Por lo demás, el procedimiento diseñado para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad es garantista, inclusive de aquellos médicos que hagan valer su objeción de conciencia. Lo que no puede ocurrir es que una institución de salud se niegue a prestar este procedimiento invocando objeción de conciencia, porque esta solamente es predicable de los médicos encargados de intervenir en el mismo.

Lo que ha hecho Alejandro Gaviria es histórico, porque por primera vez en muchos años un ministro ha tenido claro que sus decisiones deben adoptarse dentro del marco de un Estado laico y no religioso, como lo pretendieron el secretario adjunto de la Conferencia Episcopal, Pedro F. Mercado Cepeda, y el procurador, Alejandro Ordóñez.

La Conferencia Episcopal se opuso a que el ministro Gaviria cumpliera la sentencia de tutela de la Corte Constitucional, con el leguleyo argumento de que eso le compete al Congreso, e invocando que la eutanasia “es moralmente inaceptable”. Y coincidencialmente el procurador Ordóñez, a través de una de sus delegadas, con las mismas razones del episcopado, pretendió insistir en su empeño de cogobernar, “sugiriéndole” sutilmente al ministro que lo investigará disciplinariamente por ocuparse de lo que no ha sido capaz el Congreso. No solamente los curas y el procurador querían impedir la solución de un tema urgente y necesario, sino exponer a Gaviria a un carcelazo por negarse a cumplir una sentencia de la Corte Constitucional.

Qué diferencia entre el enhiesto y digno ministro Gaviria y algunos de sus colegas que andan lamboneándole a Ordóñez sometiéndose a su férula, hasta haciendo el ridículo de regalarle medallitas que el intolerante se da el lujo de repudiar en público. No se han dado cuenta de que, por ejemplo, el procurador se les apropió del proceso de paz, porque el Gobierno le ha permitido todo, hasta el prevaricato. Gaviria no sucumbió al nuevo exceso en el que incurrió Ordóñez al exigirle que no cumpliera un fallo judicial, y eso confirma su estirpe de hombre con carácter, responsable e independiente. Pero claro, a Ordóñez nada puede pasarle por su audacia de exceder de nuevo sus funciones, porque el sumiso presidente del Consejo de Estado, Luis Rafael Vergara, por sí y ante sí, sentenció que no hay mérito para investigar a este procurador que diariamente viola la ley en nombre de su credo religioso.

 

Adenda. Salvo por la prohibición de la reelección presidencial, con el proyecto de equilibrio de poderes la justicia seguirá postrada en su corruptela y mediocridad.

 

 

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