Por: Tatiana Acevedo Guerrero

La prioridad del desencanto

Antes de que iniciaran las conversaciones entre el gobierno Santos y las Farc-Ep hubo diálogos similares, todos más cortos.

Años atrás la reconciliación fue bandera del conservador Andrés Pastrana y aún más atrás, Belisario Betancur, otro conservador (con muchas más historias y matices), intentó un proceso de paz. Este, que transcurrió en los años 80, se dio en un contexto muy distinto al actual. En un ambiente anterior a la desbandada del cartel de Medellín y a la constituyente de 1991. Todavía lejos de los días del Plan Colombia, Betancur criticó de frente al presidente Ronald Reagan por no hacer nada frente a la crisis económica regional. La “paz sin plata”, como fue llamada por algunos columnistas, no tenía pesos para iniciativas de reinserción, ni para grandes proyectos sociales. A diferencia de Santos, Betancur no contaba con una coalición partidista y su propuesta de diálogos fue recibida con escepticismo. Aunque a la sombra de la retoma del Palacio de Justicia parezca contra intuitivo, Betancur tampoco tenía control ni favores entre los grandes medios.

Anclada en 1982, la paz de Betancur hizo agua al final de 1985 con el aumento de las confrontaciones y los asesinatos. Aunque son tantas las diferencias con el proceso actual, pueden rastrearse algunas huellas relevantes para el proceso de hoy, recordarse balances y momentos difíciles que asoman luces sobre el presente. A lo largo de los diálogos se hicieron sentir las disidencias. Cuerpos que se creían homogéneos, como el Gobierno o la guerrilla, dejaron ver todos sus desencuentros internos. Las Farc sembraron el ambiente con declaraciones (y acciones) contradictorias y cambiantes sobre el secuestro. En la legalidad, a su vez, surgieron todo tipo de posiciones reaccionarias a contra corriente de las del presidente. Hombres poderosos sabotearon el proceso desde la legalidad, financiando ejércitos particulares o pagando por homicidios selectivos. Otto Morales, el presidente de la Comisión de Paz, los bautizó como “enemigos ocultos de la paz”.

Muy al inicio de los acercamientos, en agosto de 1982, Enrique Santos Calderón alertó en su columna sobre los escuadrones de la muerte: “preocupante en grado extremo el asesinato de Alberto Alava, que viene a sumarse a otros crímenes políticos (…) no puede ser casual que el asesinato del profesor Alava o de los sindicalistas Oscar Dávila y José Capeche en Cali, se produzcan en los precisos momentos en que el presidente Betancur formula los diálogos de paz”. Una Procuraduría, muy distinta a la de hoy, reveló en 1983 que alrededor de 57 miembros de las Fuerzas Armadas formaban parte del MAS, una empresa de retaliaciones armadas con raíces en el narcotráfico. A personas con modo en la legalidad, se unieron narcotraficantes consolidados y altos mandos militares. Desde septiembre de 1982 y a lo largo de los diálogos, el Estado Mayor manifestó su frustración al ser “invitados de piedra” al debate y su desacuerdo con las ideas y amnistías de Betancur.

Paralelos a escuadrones muy organizados, crecieron grupos de criminalidad que aprovecharon el desorden. Bandas de todos los tamaños se dedicaron a la extorsión y el boleteo. Una de ellas, que decía pertenecer al Epl, resultó ser dirigida por el inspector de la policía de Montería. Entre la violencia política, la delincuencia común y la improvisación de un gobierno con cantidad de comisiones y comisionados, la información llegaba a toda hora. Sin noticias sobre los diálogos, los medios reprodujeron opiniones y enumeraron asesinatos de líderes regionales de izquierda. En un balance sobre el proceso, Gabriel García Márquez afirmó que, ante una algarabía de opiniones y “un ventisquero de informaciones”, la opinión pública “se dejó vencer por el tedio, y la prioridad de la paz fue sustituida por la prioridad del desencanto”.

 

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