Priorización y sistema penal

La discusión sobre si la Fiscalía debe o no concentrarse en la investigación de ciertos delitos y no de todos es importante y difícil, pero tiene una solución razonable.

Este debate opone dos visiones sobre la investigación penal.

Algunos defienden el principio de legalidad e irrenunciabilidad de la acción penal, según el cual el sistema penal debe perseguir todos los crímenes de la misma forma. Consideran que si la Fiscalía prioriza o selecciona los delitos que tramita, entonces afecta la igualdad ante la ley penal, tanto de las víctimas como de los delincuentes, pues algunos crímenes serían investigados y otros no, o al menos no inmediatamente.

Otros defienden el principio de oportunidad y discrecionalidad de la acción penal, según el cual los fiscales deben tener libertad para priorizar o incluso escoger los casos que abordan, a fin de que puedan concentrar sus esfuerzos y obtener mejores resultados.

La razón normativa parece estar a favor de quienes defienden la legalidad e irrenunciabilidad de la acción penal pues la igualdad ante la ley penal es un valor irrenunciable en un Estado de derecho. Pero la razón empírica parece estar a favor de quienes defienden el principio de oportunidad, pues la criminología ha mostrado hace rato que el sistema criminal prioriza y selecciona los casos, ya que sus recursos son siempre limitados frente a la avalancha de crímenes que ocurren en nuestras sociedades.

Existe sin embargo una posibilidad de salir de este embrollo y armonizar lo mejor de ambas perspectivas. Y es tomar en serio el principio de realidad y por ello autorizar a los fiscales a priorizar sus investigaciones e incluso abandonar algunas de ellas. Pero se trata de tomar igualmente en serio el principio de legalidad y de igualdad ante la ley penal y por ello establecer que la priorización y selección de los casos por los fiscales tiene que realizarse con base en criterios públicos y transparentes, que puedan ser controlados y evaluados por la ciudadanía. Es lo que algunos llaman un principio de oportunidad pero reglado.

La buena pregunta no es entonces si la Fiscalía debe o no priorizar sus investigaciones sino si esto debe hacerse debajo de la mesa o en forma abierta y con criterios y procedimientos explícitos y transparentes.

La priorización encubierta, poco transparente y sin control, que es la que ha existido hasta ahora en Colombia, hace que el sistema penal se concentre en resolver casos fáciles (como las flagrancias) pero que no necesariamente son los más graves, como lo mostró la entrada de Miguel La Rota en nuestro blog en La Silla Vacía la semana pasada. Parece mejor una política de priorización transparente y sujeta a ajustes, que permita a la ciudadanía debatir acerca de donde deben concentrarse los esfuerzos para atacar la criminalidad y hacer efectivos los derechos de las víctimas. Y por ello nuestra prioridad debería ser discutir los criterios de priorización de la Fiscalía.

* Director Dejusticia y profesor

Universidad Nacional.