Pro victimarios

COLOMBIA HA SIDO DESHONROSAmente coronada en un conservador informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) como la reina mundial de las víctimas del despojo porque registra más de tres millones de desplazados internos.

Es como si de repente todos los habitantes de Medellín y sus alrededores tuvieran que vaciar su zona e instalarse, sin ninguno de sus bienes, en la costa Atlántica o en el Viejo Caldas. En el informe le ganamos a Irak, una nación que se encuentra en situación de guerra declarada hace años, y a los Estados fallidos de Sudán, Congo y Somalia.

El documento anual de Acnur se conoce justo cuando la Cámara de Representantes les dedicó sus últimas días de trabajo ordinario a darle gusto al Ejecutivo: aprobó la aplicación del principio de oportunidad para que se suspendan los procesos penales de 19 mil paramilitares (o victimarios) supuestamente desmovilizados, y eliminó de su agenda, el mismo día, la discusión sobre la ley de víctimas. Eso ocurrió con los buenos oficios de Germán Varón Cotrino, quien peca —por no apoyar el referendo reeleccionista—, pero cree que si reza con el resto de proyectos del Gobierno, empata. Era la sexta vez que se aplazaba el debate para proteger legalmente a las víctimas, pese a que el contenido de dicha ley está tan deformado por las modificaciones impuestas por el Gobierno, que organismos internacionales advierten que viola el Derecho Humanitario. Amnistía Internacional ha calificado de “discriminatorio” el proyecto aprobado a última hora sin ninguna reflexión, porque no admite la indemnización económica a personas víctimas de agentes estatales. Por ejemplo, las madres de los jóvenes asesinados de Soacha no clasificarán para recibir compensación, si no hay sentencia judicial ejecutoriada. Si uno se atiene a las estadísticas, tal sentencia será realidad dentro de muchos años, si acaso, pues la norma general es la impunidad, en particular si estos victimarios cuentan con poderosos defensores de oficio entronizados en el propio Estado.

El cuadro que pintó la Cámara en su sesión del lunes fue así: los grupos de asesinos se privilegian con la amnesia estatal. Los que perdieron familiares a manos de uniformados serán perjudicados con la demora judicial: tendrán que lograr que el autor del crimen sea condenado por acciones “dolosas y gravemente culposas”. ¿Cuánto tiempo y recursos jurídicos y económicos necesitarán las víctimas? Eso no es problema del Gobierno. Sí parece serlo, en contraste, la suerte de los paramilitares. Las disculpas: 1. Que no existen pruebas contra estos. 2. Que no todos los paracos estaban armados. 3. Que no cometieron delitos de lesa humanidad. 4. Que hay que concentrarse en condenar a los líderes. No hay que pensar mucho para contraargumentar: 1. y 2. Si no hay pruebas contra ellos, ¿cómo se sabe que no estaban armados? 1. y 3. Si no existen expedientes individuales, ¿quién asegura que los beneficiados no cometieron delitos de lesa humanidad? 4. ¿A cuáles líderes van a condenar si están en poder de Estados Unidos?

El Presidente, el Vicepresidente y el canciller podrán hacer la alharaca que quieran cuando vayan al exterior para sostener que los falsos positivos, el desplazamiento masivo y otras violaciones, son invento de los enemigos. Pero como obras son amores y no buenas razones, afuera están anotando en los libros del “debe” y el “haber”. El primero, también titulado “antivíctimas”, le gana con creces al segundo. Allí está escrita, por ahora, la cifra de 3 millones. En el de pro victimarios, está la de 19 mil, y contando...