Problemas de escala

¿Quién pagará por las vacunas?, se preguntó Moisés Wasserman en su columna, argumentando que en esta coyuntura será imposible lograr acuerdos supranacionales solidarios, por lo que la única solución es la compra estatal de la vacuna a las grandes farmacéuticas. Otros debates al respecto hierven, mientras el país espera angustiado que el Ministerio de Salud anuncie planes de vacunación. “Nunca nos hemos comprometido con fechas de vacunas”, declaró el ministro Fernando Ruiz el viernes.

Por su cuenta, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le propuso al Gobierno Nacional la posibilidad de que la capital, actualmente en alerta roja, compre sus propias vacunas. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, que cuenta en este momento con solo 14 camas libres en unidades de cuidados intensivos, pidió también que se le permita a la ciudad comprar vacunas y complementar así el proceso de inmunización emprendido “desde la nación”. Ospina fue más allá y propuso que cada una de las grandes empresas compre las vacunas de sus empleados. “Creo que el mejor regalo que cada empresa puede dar a su base trabajadora es la vacuna. Si todos hacemos este esfuerzo, lograremos inmunidad”.

La idea de que sean las grandes ciudades (y no los Estados) las que jalonen procesos no solo de salud pública, sino también de sustentabilidad y mitigación de cambio climático se encuentra con varios obstáculos. Si bien las ciudades (con menos laberintos burocráticos) pueden gestionar iniciativas de manera más rápida, cuentan con menores fondos y capacidades tributarias. En algunos contextos se han presentado enfrentamientos entre ciudades cuando alcaldes del mismo país se pelean por inversiones, por préstamos y hasta por expertos. La competencia entre municipios no trae, a largo plazo, sino problemas. Grandes paradojas se presentan cuando soluciones de infraestructura se hacen pensando desde lo local sin considerar la tierra, el agua y el aire que abrazan a la ciudad. Tras el huracán Sandy en Estados Unidos, alcaldes de ciudades costeras con suficientes fondos construyeron malecones y diques a tutiplén. Esta estrategia de sálvese quien pueda empeoró la situación de otros municipios a lo largo de la costa, que reciben ahora al mar con más fuerza. Sin ir tan lejos, la construcción de todo tipo de canalizaciones de lluvias en la pudiente Barranquilla ha dejado a barrios periurbanos y a Soledad inundados casi constantemente.

Sin embargo, pensando desde otra orilla, es cierto que en el caso de Colombia fueron las ciudades (y no el Gobierno central) las que impulsaron la extensión y regulación de los servicios públicos durante la primera mitad del siglo XX. Esto ocurrió por la falta de recursos del Estado y por su poca capacidad tributaria. Reconociendo el problema, sucesivos presidentes de la República cedieron a las ciudades más grandes el poder no solo de recaudar sus propios fondos, sino también de ser creativos al pensar en salidas a las crisis. En el caso del agua, la Ley 72 de 1926 facultó a Bogotá para crear nuevos impuestos y tarifas para aumentar la capacidad de tratamiento y distribución de agua. En particular, la ciudad obtuvo la autoridad para establecer tarifas de agua y cobrar recargos por falta de pago. Dentro del marco de distintas epidemias y numerosas muertes por el consumo de aguas contaminadas a lo largo de los años 20, concejales, funcionarios y salubristas construyeron un sistema para extender el servicio al total de la ciudad. Este se basó en la existencia de una empresa, con empleados profesionales desligados de la política profesional, que (endeudada siempre) debía recaudar al máximo en los barrios que podían pagar, para que pudiese fluir el agua en toda parte y se pusiera un coto a las epidemias.

Pero no se trató tampoco de una estrategia de cada cual por su lado, pues se llegó eventualmente a un punto medio. Luego de que Bogotá y Medellín crearan este modelo, que funcionó, el Estado lo expandió por el resto del país. Y es quizás en estos híbridos que podemos encontrar mayor inspiración.