Por: José Fernando Isaza

Proceso de dejación de armas

Los negociadores van precisando la diferencia entre la entrega de la armas y la consecución de la paz, ésta puede tardar años mientras se materializan los acuerdos. Cuando el presidente dice que estará hasta que se logre la paz debe deducirse que aún si se firma el acuerdo, la reelección es para que en el segundo periodo se logre la paz.

Las encuestas muestran que la mayoría apoya el proceso de negociación, pero es escéptica a que se logre un acuerdo. Las cartas que está jugando el ejecutivo, lo preservan del costo político de un eventual fracaso: si las Farc se levantan de la mesa toda la culpa se les endilgará; si el proceso no avanza y el gobierno suspende los diálogos, la opinión publica le pasará la cuenta de cobro a la guerrilla aduciendo que ésta no tenía voluntad. Así, por primera vez en 16 años, la elección no estará definida por las Farc.

Un aspecto debatible es la negociación sin cese bilateral del fuego. La narrativa del ministro de Defensa es confusa, si hay bajas del ejército en combate se dice “asesinados miembros de las fuerzas armadas por bandas terroristas”, a guerrilleros caídos se les denomina “delincuentes abatidos”. Al negociar en medio de la guerra, se le debe reconocer al contendor un estatus militar, y en ambos casos las bajas son caídos en combate. Claro que hay una diferencia entre un ejército legal con sujeción a las normas constitucionales y un grupo armado ilegal. La negociación sin zonas de despeje le permite al gobierno evitar las críticas que consideran que la tregua solo sirve para permitirle a la guerrilla reestructurarse. Los tiempos de la insurrección no coinciden con los del gobierno, aquellos se miden en décadas y estos en cuatrienios. Se perciben los tiempos de la guerrilla como el poco interés de llegar a acuerdos.

Temas para los acuerdos como es “reposo del guerrero” no se ventilan ante la opinión pues se consideran “políticamente incorrectos”, poco se informa de las motivaciones reales de pedir una constituyente, puede ser garantizar la no extradición de los comandantes, acusados de participar en la producción o envío de narcóticos a los Estados Unidos. La experiencia de negociación con las autodefensas y la extradición de los jefes de las AUC, cuando empezaron a denunciar a sus colaboradores, está en la memoria reciente. Por supuesto que pedir una nueva constituyente para blindarse está posibilidad es también “políticamente incorrecto”. Habrá que buscar salidas con la participación de los Estados Unidos. Requiere delicado manejo internacional ajustar las obligaciones de Colombia como firmante del Tratado de Roma, como la realidad de una desmovilización sin cárcel para los comandantes guerrilleros.

Se pasa del pesimismo al optimismo. Simultáneo al rechazo de Miniagricultura a la propuesta de las FARC de ampliar las zonas de reserva campesinas, (ZRC) creadas por la ley en 1994, llamándola republiquetas, los lideres de las ZRC aclaran que no están pidiendo autonomía política, sino protección contra el avance del latifundio y los grandes monocultivos; ese mismo día el presidente anuncia que ya hay acuerdos firmados con la guerrilla, alejándose de la regla “nada está acordado hasta que todo esté acordado”.

 

 

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