Por: Patricia Lara Salive

Procurador, ¿por qué no se calla?

Cuando el miércoles llamé a Antonio Navarro para preguntarle su opinión sobre el alboroto armado a propósito de la frase del presidente, en el sentido de que no descartaba que desmovilizados de las Farc, en el posconflicto, formaran parte de una gendarmería rural, nadie imaginó que, unas horas después, Antonio y Marcela Bustamante, su antigua esposa, actriz y exdirectora ejecutiva del Teatro Libre de Bogotá, iban a estar sumergidos en el peor de los dolores: la muerte de su hijo Gabriel, un adolescente brillante, agobiado por una pena de amor, a quien Antonio se había dedicado por años a enseñarle, a ayudarle en las tareas académicas, a acompañarlo a crecer...

(Ese abrazo adolorido que les di poco después de ocurrida la tragedia, y antes de viajar a Barranquilla para asistir al Carnaval de las Artes, se los repito ahora y siempre, queridos Antonio y Marcela).

Le pregunté a Antonio si todavía su escolta estaba compuesta por exmiembros del M-19. Me dijo que ahora muchos eran contratistas recomendados por antiguos militantes de su organización, pues la mayoría de los del M-19 se habían dedicado a otras cosas. Pero durante 15 años, después de los cinco iniciales en que su escolta estuvo conformada mitad por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y mitad por excombatientes del M-19, Antonio, uno de los hombres más amenazados del país, quien perdió una pierna en un atentado en el que estuvo involucrado por lo menos un exmiembro del DAS, fue cuidado sólo por exguerrilleros. Y entiendo que con la escolta del alcalde Gustavo Petro pasa algo similar.

De modo que ahí hay una tarea para varios excombatientes de las Farc cuando el proceso termine y esa guerrilla se desmovilice: proteger a sus dirigentes. Y ese es un punto que, entiendo, se considerará en los acuerdos, pues garantizar su seguridad es tarea crucial, y en este país hubo demasiados homicidios de dirigentes en los que por acción o por omisión estuvieron involucrados escoltas del Estado.

Ahora viene el tema de la gendarmería rural: ante la frase, dicha a la ligera, por el presidente Santos, el procurador Ordóñez, quien a pesar de su obsesión católica, apostólica y romana, cada vez que abre la boca parece más un enviado de Satanás que un seguidor de Cristo, salió a trinar en Twitter que crear esa gendarmería rural “con miembros de las Farc ratifica que sí se negocia la estructura de la Fuerza Pública en La Habana”.

Dado que ese tema no se ha tocado en la mesa de negociación, y que quizás sea un asunto para tratar en la era del posconflicto, a la cual falta mucho trecho para llegar, con toda razón Santos dijo que el comunicado del procurador le parecía “malintencionado” y “perverso” y criticó que “los enemigos de la paz acudan a interpretaciones malévolas para atacar el proceso”.

Ahora, que una vez reconciliados los colombianos y terminado el conflicto se cree una gendarmería rural en la que haya una pequeña proporción de exguerrilleros, que en ese momento serían colombianos incorporados a la vida civil que, en el pasado, fueron en su mayoría adolescentes que huyeron del maltrato de sus casas y se fueron a combatir por un ideal (aunque así no lo crean tantos), ¡no sería nada malo! Y en las zonas de conflicto les darían confianza a los pobladores, muchos de ellos perseguidos antes por el Ejército al haber sido tildados de ser colaboradores de la guerrilla.

¡Piénselo, procurador!

La próxima vez les contaré lo aprendido y lo bailado en este Carnaval de las Artes que Heriberto Fiorillo se inventó en Barranquilla, la ciudad más alegre y más grata de Colombia, a donde se viene a vivir y a gozar, y no a retratarse para salir en los periódicos.

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