Por: Roberto J. Camacho

Profesión Desplazado

La tragedia vivida por Colombia durante los últimos años llegó a tener proporciones tan impresionantes que nuestras estadísticas de homicidios, secuestros y desplazamiento alcanzaron niveles que en varias ocasiones nos ubicaron a la cabeza de las estadísticas mundiales.

Para el caso del desplazamiento la respuesta del Estado Colombiano se dio mediante la Ley 387 de 1997 la cual relaciona las medidas que tiene por fin de prevenir, proteger y estabilizar a la población víctima de este flagelo.

Las acciones llevadas a cabo por los gobiernos siempre han generado controversia, desde los pronunciamientos de la Corte Constitucional que ha llamado la atención en repetidas ocasiones sobre el cumplimiento de la Ley hasta los informes publicados por organizaciones como CODHES que casi siempre disienten de  los resultados oficiales, en especial de aquellos que hacen referencia la cantidad de personas que sufren este azote y que muestran un número de desplazados cada vez mayor, los cuales de acuerdo a su metodología habrían alcanzado cerca de cuatro millones de personas durante los últimos veinte años.

Ahora que son innegables los buenos resultados obtenidos en la reducción de los indicadores de violencia como la caída de la tasa anual de homicidios o la reducción ostensible de los secuestros, pareciera que a pesar de las medidas implementadas como la asignación de importantes presupuestos y la focalización u oferta especial de buena parte de los programas del Estado, el problema del desplazamiento no se estuviera controlando.

Ninguna de la información relevante o promocionada habla del número de desplazados a los que se les hubiere logrado extraer de esta condición, todos los informes hablan de las causas y puertas de entrada a esta situación pero muy poco se habla de las formas de salida de ella; mientras tanto en algunas regiones del país viene creciendo entre la comunidad un sentimiento de incomodidad pues el perenne estado de desplazamiento estaría “profesionalizando” en algunos de ellos una vocación cazadora rentas o de programas de apoyo del Estado, antes estar construyendo las condiciones para una vida y ciudadanía digna.

Se hace entonces necesario empezar a evaluar integralmente los resultados de la implementación de esta política pública, que incluya no solamente la estructura de los programas ofrecidos, sino que revise también la evolución y vigencia de las condiciones de quienes invocan ser desplazados, pues por alguna causa la “brecha” entre los esfuerzos hechos y los resultados obtenidos es cada vez más amplia.

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