Por: Columnista invitado

¿Progresividad?

Como lo prescribió Bogotá Humana, el proyecto de "modernización tributaria" sube por ascensor el impuesto predial a 1,3 millones de residencias.

Fue aprobado por el Concejo, con alcabalas totales por $4,5 billones en cuatro años, lo que denominé, junto con Clara López, una avalancha, que viene además en industria y comercio, valorización, peajes por congestión y otros.

A comienzos del año, el secretario de Hacienda, Ricardo Bonilla, puso ejemplos respecto al cobro del gravamen para este 2012 y, a partir de allí, pueden hacerse cuentas para 2013. Un inmueble promedio de estrato 3 avaluado catastralmente en $80 millones, que en 2012 pagó $326.000, en 2013, aplicando el 6 por mil, pagará $480.000, 47% más. Otro, propio del estrato 4, de $136 millones, que canceló $796.350 este año, para el entrante, con tarifa del 8,4 por mil, debería hacerlo por $1,14 millones, alzando el 30%. Uno de estrato 5 avaluado en $216 millones, al que se le cobraron $1,52 millones, se le cargarán, por 14 por mil, $3,22 millones, subiendo el 111%. El de estrato 6, que facturó en 2012 un tributo de $2,81 millones, lo hará, gracias al 16 por mil, por $5,85 millones, creciendo el 106%.

La “modernización” aprovecha la actualización catastral de los últimos años y las nuevas tarifas del Plan de Desarrollo de Santos.

Ahora bien, cuando se concreta que en ningún caso —por razones de ley— el impuesto puede subir más del 25% anual, y como en todos los niveles de la escala se supera dicho porcentaje, al final se imputa a ricos, a pobres y a clases medias el mismo incremento en el valor a pagar y la progresividad desaparece por encanto. La escala creciente resultó inocua.

O es error de política o es un frío cálculo que lleva a unos y a otros, después de cuatro años, a pagar el doble de 2012. Parece que esa fuera la intención, sabiendo que el recaudo total —por concepto de predial entre 2013 y 2016— debe crecer desde $1,3 billones hasta $2,64 billones. El problema se agrava con el predial no residencial, ya que empresas y negocios lo descargan sobre consumidores sin distingo, y con el destino de los recursos, dado que, si es para apalancar deuda, el gasto social se desfinancia, y, si es para lo último, el endeudamiento por otros $4,7 billones se desfonda.

¿Omitió el profesor Bonilla la regla de Laffer demostrativa de que, al decretarse un impuesto por encima del crecimiento del PIB por habitante, el recaudo se cae? Por ahora, la asignatura de progresividad queda pendiente.

 

*Aurelio Suárez

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