Por: Francisco Gutiérrez Sanín

¿Prohibir? (I)

Se ha puesto en marcha un importante debate acerca de la deseabilidad de prohibir el paramilitarismo en Colombia. Por ejemplo, el Consejo Gremial (CG) envió al presidente de la Cámara una carta en la que enfáticamente se deplora esa prohibición. Consideremos los dos argumentos centrales de esa misiva. Según el CG, prohibir el paramilitarismo carece de efectos, porque en nuestro país “siempre ha estado prohibido formar cuadrillas o bandas de personas armadas”. Y además “degrada, de manera inexorable, la legitimidad del Estado”.

Una y otra aserción me dejan atónito. Así que aquí va un pequeño recordatorio de lo que hemos vivido. Desde la década de 1960, se creó la figura de la autodefensa, que permitió a agencias del Estado crear/promover paramilitares en todo el país. ACDEGAM, una asociación de ganaderos y latifundistas que en la década de 1980 operaba abiertamente en el corazón del país, cultivaba con entusiasmo su “banda de personas armadas” que mataban a diestra y siniestra, con el apoyo también abierto de agentes estatales. Se hablaba entonces de “autodefensas legales”, y el presidente Barco —bajo la impresión que le creó la masacre de La Rochela, en la que paramilitares asesinaron a un puñado de miembros de la Rama Judicial— se gastó buena parte de su capital político acabando con la figura. Pero no tardó mucho tiempo en que ésta reviviera bajo las Convivir, a propósito con el apoyo entusiasta de miembros prominentes del CG y de muchos sectores de la sociedad y el Estado.

Amparados o no en las Convivir, los paramilitares martirizaron, sin que nadie los obstaculizara, a cientos de miles de colombianos. Las atrocidades que cometieron son inenarrables. Cojan la masacre de Mapiripán. Salieron de Urabá en 1997 unos aviones cargados de paracos, recorrieron medio país hasta llegar a Mapiripán, y después de someter a la población a humillaciones inauditas, escogieron a los que iban a inmolar y los destrozaron como cerdos en el matadero municipal. Funcionarios de Mapiripán alertaron desesperados sobre el peligro que llegaba, pero nadie se dio por enterado. A propósito, la decisión judicial que declara inocente al general Uscátegui no niega que alguno de estos hechos que relato haya ocurrido; simplemente imputa la complicidad con los asesinos a otros altos funcionarios del Estado.

Así que no: no es cierto que las bandas armadas hayan estado prohibidas en nuestro país, al menos no de manera efectiva. Durante más de la mitad de la existencia de su sangrienta saga, los paramilitares fueron legales, o al menos semilegales. Aquí hubo políticas que promovieron su creación y su crecimiento masivos, políticas que contaron con el apoyo suficiente como para durar décadas. Es algo público, no un complot secreto de cuyos detalles estén enterados apenas unos pocos iniciados.

Y tampoco es cierto que cerrarle la puerta a estos horrores mine la legitimidad estatal. Me da la impresión de que se trata de lo contrario: de conquistarla, después de haber permitido o promovido esta pesadilla. Se me ocurre que los señores que firman a nombre del CG podrían convencerse, una vez repensada la cuestión, de que es esto (permitir tales atropellos), y no aquello (impedirlos explícitamente), lo que “degrada, de manera irreparable (me imagino que es eso lo que querían decir) la legitimidad del Estado”.

Legitimidad: ese es precisamente uno de los bienes preciados que puede traer la paz a Colombia. Construir una legitimidad estatal sana y vigorosa, basada en el respeto a la vida y derechos ciudadanos, y no embarcarse en la falsa y fragilísima defensa de la legitimidad basada en el negacionismo. ¿Conviene a los empresarios tomar este último camino? No creo. Ellos necesitan un país vivible, estable, dinámico. En EE. UU. se pelean con Trump por su racismo. ¿Aquí querrán dejar que los alineen con la tradición de la autodefensa?

La próxima semana analizaré como se desarrolla este debate entre los políticos...

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