A propósito de la laicidad

En relación con su editorial del 19 de julio, no puedo menos que estar en respetuoso desacuerdo, al igual que con las opiniones semejantes de algunos de sus columnistas, y más todavía, con la afirmación rayana en la intolerancia, de que el Presidente de los colombianos no puede dar testimonio público de su fe católica, pues ello atentaría contra el pluralismo que emana de la Constitución de 1991. Y hace sentir mal a los representantes de otras confesiones religiosas.

Pero una cosa es otorgar igualdad de oportunidades frente a la ley, como corresponde al espíritu de la propia Constitución, y otra muy diferente empeñarse en desconocer, como lo recomendara otro respetable columnista de su diario y constitucionalista, la naturaleza jurídica de algunos sujetos activos de derecho internacional público, y sugerir que no se les conceda mayor importancia, por tratarse de ‘precarios’ sujetos de derecho internacional. ¡Y esto dicho por un ex magistrado de la Corte Constitucional! Porque aquí está precisamente la diferencia, a pesar de la igualdad que se pregona de las distintas confesiones religiosas.

La Santa Sede (no el Estado del Vaticano, como suele confundirse aun por ilustres magistrados o ex magistrados) y la Soberana Orden Militar de Malta son, al igual que los Estados soberanos, sujetos activos de derecho internacional público, y ante semejante atributo, y con muy precisas circunstancias, la igualdad de los credos empalidece para escenificar, en el concierto de las naciones, otras prerrogativas de las que, quiérase o no, carecen otros credos y sus personeros criollos, por importantes que sean. El Nuncio Apostólico de Su Santidad en Colombia es el Decano del cuerpo diplomático, y la Soberana Orden Militar de Malta tiene acreditados embajadores en muchos países. Asimismo, el Concordato suscrito entre la República de Colombia y la Santa Sede es un tratado público, sometido a las reglas del derecho internacional, y los convenios del Gobierno con las demás religiones o confesiones religiosas son apenas ‘convenios de derecho público interno’.

Así que debemos admitir, con la Constitución en la mano (artículo 19), la igualdad de las religiones que se profesan en Colombia, pero eso sí y pésele a quien le pese, respetando la diferencia (cuando, por ejemplo, se trata de la Sede Apostólica y de la Soberana Orden Militar de Malta). Ambas sujetos activos de derecho internacional público. Y es aquí donde los obispos y los clérigos, en comunión con el Papa como cabeza de la Santa Sede, y las asociaciones religiosas, responden y son obligados no sólo a cumplir con el derecho del Estado, sino también con el derecho canónico, igual que los súbditos de la Iglesia Católica.

De modo que invocar su competencia en desarrollo de un tratado público como el Concordato, no tiene por qué ser ofensivo para las demás confesiones religiosas, como tampoco dar buen ejemplo, así lo haga el Presidente de la República o cualquier otro ciudadano y menos aún si así lo consagra la propia Constitución. El artículo 42 de la Constitución Nacional prevé literalmente lo primero, así: “También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios religiosos proferidas por las autoridades de la respectiva religión”.

Sea que estas obligaciones emanen de un Concordato como el suscrito con la Iglesia Católica o de convenios de derecho público interno, como sucede en relación con las demás confesiones religiosas. Pero a estas últimas se les aplica la Ley 25 de 1992 y normas concordantes, y a aquélla, no sólo estas normas legales sino cuanto se deriva del cumplimiento de la Ley 20 de 1974, también ley de la República, pero aprobatoria de un tratado público como lo es el Concordato.

Luego, cuando el artículo 42 de la Constitución remite a la ley, remite también a esta ley especial, sin perjuicio de la aplicación de las otras normas, posteriores o no, pero de carácter general. Incomprensible, por tanto, bajo esta óptica, la declaratoria de inconstitucionalidad que se hiciera, en la década de los 90, de varios artículos del Concordato suscrito entre la República de Colombia y la Santa Sede, aprobado por la Ley 20 de 1974, que no fue proscrita por la Constitución de 1991 en ninguno de sus artículos, aunque luego intentara ‘enmendarse la plana’ por una nueva sentencia de la Corte Constitucional, la C-567/93, con ponencia del hoy director del Polo Democrático, doctor Carlos Gaviria Díaz, y aupada por el suscrito como accionante, habiéndose logrado en esta ocasión un fallo inhibitorio de la Corte en relación con la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 2 de la Ley 20 de 1974, aprobatoria del Concordato suscrito entre la República de Colombia y la Santa Sede, y su Protocolo final, suscrito el 12 de julio de 1973. Y aun cuando un par de años después este tránsito a cosa juzgada constitucional fuera desconocido una vez más, con la aparición de sentencias nuevas y curiosas de la Corte Constitucional. De aquí el errático itinerario en estas materias ante tan alta Corporación, cuyo capítulo final está todavía por escribirse.

Asimismo, el buen ejemplo del gobernante, ajeno a vergüenzas ajenas, no es ni puede llegar a ser constitutivo de constricción de libertades, empezando por las que a él mismo le corresponden. Sin embargo, bueno sería que no se le fuera la mano, para evitar malos entendidos, si en realidad de este caso se tratare, como quiera que fácilmente pudiera llegar a pensarse, como lo dijera alguien, también en El Espectador, pero sin que en realidad lo crea todo el mundo, que el señor Presidente instrumentaliza su religión. Al fin y al cabo aún está vigente para muchos la máxima evangélica de que “si alguno se avergonzare de mí ante los hombres, yo me avergonzaré de él ante mi Padre Celestial, que está en los Cielos”, y el señor Presidente no estaría exceptuado de su cumplimiento, ni en público ni en privado, si de la fe católica se trata.

Carlos Felipe Castrillón Muñoz. 

Ex diplomático de Colombia ante la Santa Sede.  Popayán.

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