A propósito de la sanción social

Hay palabras que con el tiempo acaban siendo utilizadas con un sentido diferente e incluso contrario a su significado original. En algunas ocasiones esto se debe a las transformaciones propias del lenguaje y a su adaptación a nuevas realidades. En otras, obedece al mal uso —y en ocasiones al abuso— que se hace de ellas porque están de moda o porque permiten hacerles creer a los demás algo diferente a lo que en realidad se está diciendo o haciendo.

Ejemplo de esto son los términos control y sanción social. El primero conlleva acciones más o menos organizadas de la ciudadanía para vigilar los dineros, bienes y servicios públicos y evitar que estos sean utilizados indebidamente para beneficio de unos pocos en detrimiento del bien común, así como las actuaciones de los gobernantes y servidores públicos. De otra parte, la sanción social se expresa en castigos, simbólicos o materiales, a quienes infringen o incumplen las normas legales o de comportamiento establecidas y aceptadas en una sociedad. Estas acciones fortalecen el ejercicio de una ciudadanía activa y participativa e incluso pueden convertirse en vehículos para garantizar o proteger derechos de los ciudadanos.

Hay muchas formas de hacer control social. A través de movilizaciones ciudadanas, como ha sucedido por ejemplo en Guatemala y Brasil para protestar contra la corrupción. Sin embargo, contrario a lo que sucedió en otros países, como por ejemplo los que protagonizaron la Primavera Árabe, la justicia actuó con eficacia y celeridad para investigar y sancionar a los culpables. También se puede hacer control social exigiendo la entrega de información o que los funcionarios rindan cuentas oportunamente.

La sanción también tiene diferentes modalidades. La judicial, que le compete exclusivamente a las autoridades competentes. También están la sanción política y la comercial. De estas últimas se habla menos, pero pueden ser muy eficaces. Por ejemplo, no votar por los políticos que por décadas se han robado los dineros de la salud; o no hacer negocios con empresarios que se han enriquecido por medio de prácticas corruptas o ilegales; o no asistir a homenajes a “personajes” que sin justificación aceptable de la noche a la mañana aparecen con grandes fortunas.

Sin embargo, en nombre del control y la sanción social también se han cometido arbitrariedades y acciones de violencia verbal o física, desvirtuando su significado. El editorial de El Espectador el pasado domingo mencionó un claro ejemplo de esto. Se refería al llamado que hizo el senador del Centro Democrático Alfredo Ramos Maya a “sancionar socialmente” a los desmovilizados de las Farc con la siguiente proclama: “Que les dé pánico de salir a la calle porque los colombianos los aborrecemos”. Hechos como este sí merecen el rechazo social y político de los ciudadanos.

No permitamos que en una sociedad como la nuestra, donde los ciudadanos están perdiendo la confianza en sus instituciones y en sus dirigentes, el control y la sanción social pierdan su sentido y valor como herramientas para incidir en las decisiones y para proteger los dineros, los bienes y los valores públicos.

* Miembro de La Paz Querida.