Por: Ramiro Bejarano Guzmán

Prosperidad medio democrática

Hemos pasado del régimen de la seguridad supuestamente democrática de Uribe al de la prosperidad democrática de Santos, pero no todo lo que brilla es oro.

Lo digo porque está tomando fuerza el discurso presidencial del pasado 7 de agosto, en el que anunció su propósito de restablecer el fuero militar y “fortalecer” la justicia penal militar. La razón de esa iniciativa, ya incorporada como parte de su tarea por el nuevo ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, parece sustentarse en el artificioso argumento de que los militares requieren un tratamiento especial si se quiere ganar la guerra contra la insurgencia. Y, entonces, con esa invocación del miedo como fuente de sustentación normativa, todo indica que lo que logró la Constitución del 91 en materia de suprimir privilegios para el juzgamiento de militares está por ser reformado para volver al pasado, a los días cuando los militares eran juzgados por ellos mismos, a través de un remedo de justicia, como lo fue la penal militar.

El Gobierno no ha definido con claridad cuál es el sentido de lo que pretende proponer para tranquilizar las fuerzas castrenses, pero me temo que esa saludable regla democrática de que los miembros activos de las tropas sean juzgados por la justicia ordinaria y no por sus colegas, cuando incurran en conductas delictivas ajenas al mismo servicio, podría sucumbir muy pronto. Y si eso llega a ser así, nos esperan horas de mucha turbulencia institucional e internacional.

En efecto, si durante el gobierno anterior los militares lograron arrinconar a la insurgencia contando con un fuero restringido y teniendo que enfrentar procesos ante la justicia ordinaria, ¿cuál la razón para que ahora tengamos que cambiar las reglas del juego? Me resisto a creer que alguien en la milicia pueda señalar con fundamento a la justicia ordinaria de haber perseguido a los militares o de haber dictado fallos infundados.

Si en verdad vamos ganando la guerra, como lo pregonan todos los índices oficiales y lo reconocen hasta los más enconados opositores, hay que dejar las cosas como se diseñaron en la Constitución del 91, porque se trata de una garantía democrática. A propósito, de todos esos exconstituyentes que con irritante pedantería todavía se ufanan de haber participado en la redacción de la Carta Política, a ninguno se le ha ocurrido expresar siquiera preocupación con lo que está por suceder con la propuesta que habilidosamente viene promocionado el gobierno de Santos sobre el fuero y la justicia penal militar. Los cocteles, las comidas opíparas y, sobre todo, los elogios mutuos, no les han dejado espacio para darse cuenta de que les están mutilando su magna obra.

Pero si eso pasa en los cuarteles, también por el lado de los civiles ocurren cosas preocupantes para la democracia, que no parecen impresionar a nadie. Me refiero a la renuncia de Gabriel Fernando Roldán Restrepo, juez 20 Penal del Circuito de Medellín, quien debía resolver el espinoso tema de si el presunto narco El Cebollero ha de volver a una cárcel o seguir gozando de cómoda detención en su casita en el selecto barrio El Poblado.

El funcionario prefirió retirarse, porque no siente que tenga garantías para desempeñarse, en especial después de que la plana mayor del Gobierno le metió una muenda mediática a su antecesor, suspendido precipitadamente por el Consejo de la Judicatura, que otra vez extravió su papel constitucional. Al igual que en las épocas de Uribe, cuando el entonces mandatario insultaba a periodistas y en seguida les ofrecía escoltas, el gobierno de Santos, que prometió respetar la autonomía e independencia de los jueces, procedió de igual manera con el juez que no parece temerle a la delincuencia, sino a las descalificaciones de los altos funcionarios del Ejecutivo.

Y todo eso en nombre de la prosperidad dizque democrática.

Adenda. Serio, documentado e impecablemente escrito, el nuevo libro de Enrique Santos Molano Grandes conspiraciones de Colombia en la historia de Colombia. 

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