Por: Gustavo Gallón

Protección jurídica, ¿para quién?

Para garantizar “Protección jurídica” a los militares, la ampliación del fuero se intentará de nuevo a través de otro proyecto de reforma constitucional, ha anunciado el Gobierno.

Como la reforma aprobada el año pasado fue declarada inexequible por vicios de trámite, el Gobierno confiaría en que baste hacerla aprobar nuevamente con sus mayorías parlamentarias para resolver el problema.

Efectivamente, la Corte Constitucional anuló dicha reforma por violación del reglamento del Congreso al haber sesionado desde las 2 p.m. la plenaria de la Cámara, mientras simultáneamente la Comisión Primera terminaba de aprobar el proyecto en quinto debate a las 4:10 p.m., el 26 de septiembre de 2012. Algunos han dicho que la diferencia entre las sesiones fue de sólo un minuto, lo cual no es cierto. Otros, que la violación no fue tan grave como para tumbar la reforma. ¿Para qué existen entonces las reglas de procedimiento? No anular lo actuado equivaldría a pretender que una mano o un fuera de lugar no invaliden un gol. Por supuesto que eso molesta a los fanáticos, y algunos de ellos han terminado insultando a la Corte por no haber analizado el fondo.

La Corte no podía analizar el fondo porque la demanda era sólo relativa al trámite. Una vez identificado el primer vicio, no tenía competencia para estudiar otros. Pero la demanda mencionaba cuatro vicios más: no haberse agotado el orden del día de la sesión anterior, haber ignorado el mensaje de urgencia sobre la reforma tributaria en el sexto debate, haber ignorado también el mensaje de urgencia sobre el TLC en el primer debate y haber alterado el orden del día en el segundo debate. El proyecto estaba plagado de irregularidades, de tal forma que si no se caía por la primera de ellas, se caería por alguna de las restantes.

Pero además había otra demanda sobre el fondo, que la Corte tampoco alcanzó a estudiar. Si se aprueba nuevamente la reforma, la Corte encontrará un nuevo argumento de fondo: la relatora de Naciones Unidas sobre la Independencia de la Justicia acaba de proponer a la Asamblea General de ese organismo, este lunes 28, que se aprueben los principios sobre tribunales militares formulados desde 2006. Ella destaca dos razones por las cuales la jurisdicción militar no debe tener competencia sobre violaciones de derechos humanos: “En primer lugar, la comisión de violaciones de los derechos humanos no se encuentra entre las funciones desempeñadas por el personal militar”. En segundo lugar, los tribunales militares “podrían sentirse inclinados a proteger a los autores militares de violaciones graves de los derechos humanos, en particular si se trata de altos mandos militares”. Ni que le hubieran contado que el magistrado Henry Villarraga estaba traficando influencias para pasar a la jurisdicción militar el “falso positivo” del que se acusa al coronel Róbinson Javier González del Río.

Por ello, la relatora concluye que la competencia en la justicia ordinaria permitiría “evitar toda forma de impunidad y permitiría también tener plenamente en cuenta los derechos de las víctimas, en todas las fases del procedimiento”. Esa, y no una sesgada protección jurídica, es la que se debe garantizar.

 

* Director de la Comisión Colombiana de Juristas. Las fuentes de esta columna pueden verse en www.coljuristas.org.

 

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