Por: Armando Montenegro

Protección a los accionistas minoritarios

UNO DE LOS OBJETIVOS DE LAS EMpresas mixtas, de mayoría del Gobierno, que cuentan con miles de inversionistas privados, consiste en garantizar que sus decisiones se orienten a buscar el beneficio de todos sus accionistas.

La experiencia muestra que para alcanzar ese propósito se debe asegurar que la influencia dominante del Gobierno no redunde en desmedro de los intereses de los minoritarios.

Un ejemplo de buen manejo es ISA, una empresa que ha logrado resultados satisfactorios con el concurso de un equipo técnico competente, una junta directiva profesional y una representación sólida de los accionistas minoritarios. Varios elementos se han conjugado para su éxito: la participación privada en la entidad es relativamente elevada, un 31%, sus precios están regulados, sus dividendos no son determinantes para la Tesorería y sus servicios no llegan directamente a los usuarios (por lo tanto, no existen presiones ni discusiones demagógicas sobre el impacto de sus tarifas sobre los hogares y las empresas).

El caso de Ecopetrol ha sido más complejo. Allí la participación privada es de sólo el 11%, sus dividendos son cruciales para el funcionamiento del Estado y la entidad maneja una serie de precios, contratos e inversiones que son el objeto de fuertes presiones de grupos de interés —entre ellos las regiones, gremios, sindicatos y distintos grupos políticos— que se concentran sobre el Gobierno, su accionista mayoritario.

Cuando Ecopetrol recibió socios privados se tomaron algunas medidas para hacer frente a estas realidades. Se estipuló, por ejemplo, que si, por alguna razón, el Estado quería subsidiar la gasolina, el costo del subsidio debería ser asumido por el presupuesto nacional. Pero, infortunadamente, en sus estatutos no se establecieron suficientes contrapesos para proteger a los accionistas minoritarios del abrumador peso del Gobierno, con casi el 90% del capital.

Como era de esperar, no se disiparon todos los peligros. Muchos accionistas minoritarios se preguntan, por ello, por qué se invirtió en la refinería de Cartagena, a sabiendas de que su rentabilidad no era satisfactoria, incluso desde antes de incurrir en los conocidos y enormes sobrecostos. Otros accionistas, con razón, se preguntan también si el porcentaje de distribución de las utilidades, impuesto por el Gobierno, es el que más les conviene a las necesidades de largo plazo de la empresa.

Hoy está sobre la mesa, otra vez, una inversión que tampoco es prioritaria y amenaza los intereses de los accionistas privados, y cuya rentabilidad es, en el mejor de los casos, dudosa. Se trata del proyecto de modernización de la refinería de Barrancabermeja, PMRB, una obra que, sin los inevitables sobrecostos y opacidades, puede costar US$7.000 millones. ¡Mucho más que el metro de Bogotá!

La mejor solución sería que Ecopetrol, simplemente, se abstuviera de realizar inversiones que no son rentables. Pero si, por alguna razón regional, sindical o política, el Gobierno apoya el plan de modernización, como ocurre con los subsidios al precio de la gasolina, debería reconocerle a la empresa, con autorización del Congreso, el valor de las ineficiencias y sobrecostos con recursos del presupuesto. Así protegería a los miles de inversionistas minoritarios que, de buena fe, invirtieron en la empresa creyendo que iba a ser bien manejada.

 

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