Por: Cecilia Orozco Tascón

Proyecto político-económico de toga vestido

Una enorme caja de pandora con un fondo oscuro de donde salen crímenes sin parar, ha abierto el corrupto exdirector anticorrupción de la Fiscalía, Gustavo Moreno, ante la comisión de instrucción de la Corte Suprema que investiga los delitos de quienes se suponía que eran incorruptibles: los magistrados de su propia cúpula. En medio de tanta culpa personal, el confeso delincuente Moreno tiene, al menos, la virtud de entretener a sus interrogadores pues cada testimonio que da es más asombroso que el anterior. Y cada narración que hace sobre la forma como se articularon los miembros de su banda judicial con las bandas partidistas que circulan libremente por ahí, descubre más aristas de ese mundo sórdido que evidenciamos hace años unos cuantos quijotes dedicados al oficio de denunciar sin que nada pase y todo siga de mal en peor.

Un proyecto político-económico de toga vestido era el que se proponían activar en esta sociedad pasiva, complaciente, los malnacidos que se hicieron elegir en esa corte y otros altos tribunales cuyos pecados están aún por develar, para ir penetrando otras entidades estatales, además de la rama judicial. Moreno nos hizo comprender, por fin, el estrambótico mecanismo mental que movió a los magistrados del tipo Francisco Ricaurte, un personaje de mala fama desde siempre, y siempre con un éxito fenomenal: magistrado de esa corte; elegido su presidente pese a la desconfianza que despertaba entres sus colegas; director de orquesta de cuanta elección hubo en su época; togado de trampolín y presidente, también, del Consejo Superior de la Judicatura, el centro de la plata billonaria de la rama y, encima, de la manipulación de miles de puestos y ascensos de la carrera; anulada su autoelección, Ricaurte cayó para arriba: abrió oficina con la señora Ruth Marina Díaz, otra expresidenta de la Corte Suprema y de su mismo corte. Nada les costaba y así se enriquecían: los gastos corrían por cuenta de su empleado, el hoy testigo Moreno, y los clientes de bolsillos llenos aterrizaban allí sin ningún esfuerzo, por cuenta del sector corrupto del Congreso. Insatisfecho con su´ “limitada” suerte, Ricaurte se autopostuló precandidato presidencial por el partido Conservador mientras trabajaba por debajo de cuerda para entrar —de nuevo, con la toga puesta— a la JEP “porque ahí era en donde iba a estar el poder”.

Este Ricaurte y todos sus “socios” vendían sentencias a los encartados y por esa vía entraban ellos mismos a la política. La vida iba a pedir de boca hasta cuando se reventó Lyons, el delator original, desde Miami. Moreno no tuvo más que limitarse a confesar. La trama paralela de esta novela de libreto continuado se encuentra en un interesante capítulo: el caso Luis Alfredo Ramos. Asegura Moreno —abogado de Ramos en su proceso ante la Corte por nexos paramilitares— que asumió la defensa del precandidato uribista por orden de Ricaurte (“vamos a ayudar a Luis Alfredo (dijo Ricaurte). Y por eso llego yo al proceso de Ramos”). Ricaurte se comprometió, a su vez, con Ramos, a petición de la amiga de ambos —Ricaurte y Ramos—, la excongresista uribista Liliana Rendón, a quien los amigos de Ricaurte en la Suprema le embolataron una orden de captura que estaba emitida en su contra: “me lo cuenta Francisco (Ricaurte): «la orden de captura contra Liliana Rendón estaba lista. Y hablamos con los amigos (magistrados) y evitaron que la capturaran, el doctor Leonidas (Bustos), el doctor (Julio Enrique) Socha muy amigo, muy cercano; el doctor Eugenio (Fernández C.), el doctor (Gustavo) Malo»”. Unos porque “se dejaban influenciar” y otros porque comían del mismo plato de la corrupción como Gustavo Malo (“le iba a pedir a Gustavo que demorara esa ponencia”), los togados de la Sala Penal coadyuvaron a la causa Ramos con otro delito contra la administración de justicia: paralizando las decisiones de condena contra los aliados políticos del procesado: Óscar Arboleda, Óscar Suárez Mira y Manuel Ramiro Velásquez. Dos de ellos murieron antes de conocer sus fallos; otro fue condenado por la presión del ala decente de la corporación y la autodenominada “víctima” Luis Alfredo Ramos está libre porque la sala dejó vencer los términos, según le anunció el presidente… Gustavo Malo.

Anexo: aparte Resolución de Acusación de la S. Penal de la C. Suprema AP-2360 - 2014, Radicación No. 35.346, 7 de mayo de 2014. Pág 53, contra el exrepresentante ÓSCAR ARBOLEDA.

"VI.74. Según IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA, alias 'Ernesto Báez', VICENTE CASTAÑO lo llamó y le dijo: 'Tengo unos amigos en el Congreso y concretamente hay una persona allá que estaría dispuesta a ayudarnos, que estaría dispuesta a orientarnos, que estaría dispuesta a colaborarnos, que es el doctor LUIS ALFREDO RAMOS; con él va estar el doctor ÓSCAR SUÁREZ' - no me habló sino de esos dos congresistas -; ellos lo van a recibir, ellos están totalmente dispuestos a escucharlo y a hacer algún acuerdo'. Y  (DUQUE)agregó: 'unos dos días después yo me encuentro con él (V. CASTAÑO) y me dijo: 'todo va muy bien: la reunión se va a llevar a cabo en la finca de ALBEIRO (QUINTERO, condenado por narcotráfico)' (que era) muy amigo de VICENTE CASTAÑO, sumamente amigo'[1]; 'dígale –a LUIS ALFREDO RAMOS- que confío en que él y sus amigos nos den la mano en esto, nos colaboren en esta situación'[2], (…) 'que hiciera uso de su liderazgo, de sus relaciones en el Congreso, de su condición de figura notable de la política, para que la ley de justicia y paz nos fuera lo más favorable posible;' (…). 'Yo estaba era haciendo un lobby, una especie de lobby, lobby en el que como me lo dijo VICENTE CASTAÑO, demuéstrele a LUIS ALFREDO RAMOS que en nosotros hay intereses más grandes en esa ley'[3]."

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