Proyectos de vivienda: negocio de constructores corruptos

Robar el sueño y las ilusiones de miles de familias, que un día confiaron en estos delincuentes de cuello blanco que gerencian empresas piratas de “vivienda” oficial y privada única y exclusivamente para hurtar, debe ser considerado crimen de lesa humanidad; por consiguiente, los responsables deben sufrir todo el rigor de la ley.

Si hacemos un recorrido por todas las regiones de Colombia para analizar esta situación, el panorama es más que desolador: obras abandonadas, inconclusas o viviendas construidas a la topa tolondra sin los requisitos técnicos y con materiales de mala calidad, que amenazan ruina y por lo tanto sus moradores tienen que ser evacuados.

Son miles las familias que, después de haber surtido los trámites legales para obtener vivienda de interés social o entregado sus ahorros a constructoras piratas, se encuentran en la calle llorando su desgracia, puesto que nadie les responde; a donde llegan a hacer el reclamo, los mandan de Herodes a Pilatos, razón por la cual en medio de su desespero acuden a las protestas sociales que muchas veces terminan en vías de hecho.

Con todos estos desaciertos, nos damos cuenta de que hay miles de familias frustradas en ciudades, pueblos y veredas, llorando su desgracia de haber confiado los ahorros de toda una vida a una entidad constructora pirata que les prometió lo divino y lo humano para entregarles al poco tiempo vivienda digna, pero al final resultó un verdadero fiasco.

Los organismos de control han sido muy tímidos en abordar y vigilar los programas de vivienda, especialmente de interés social, donde muchos contratistas inescrupulosos reciben los anticipos y en muchos casos se echan a perder, ceden los contratos, inician la obra y finalmente la dejan a la intemperie, entrando a formar parte de las inconclusas o elefantes blancos.

No faltó sino que se presentara una catástrofe de la magnitud de Rosas (Cauca), donde perdieron la vida casi 40 compatriotas, para que se destapara la olla podrida, donde muchos constructores de vivienda tanto oficial como privada vienen haciendo de las suyas desde hace varios años.

¿Qué decir de los edificios de vivienda que en los actuales momentos se encuentran en problemas, puesto que sus cimientos están cediendo y es necesario evacuarlos para ser destruidos por el proceso de implosión, y las familias que adquirieron las viviendas de muy buena fe están a punto de perder la inversión?

Todo esto nos está llevando a concluir que las construcciones de vivienda se están llevando a cabo sin los estudios técnicos de rigor; hemos visto, por ejemplo, cómo en algunos sectores de la capital de la República y otras ciudades, en un abrir y cerrar de ojo, se construyen edificios para vivienda, especialmente por el sector de la localidad de Santa Fe.

Nos preguntamos ¿qué papel están desempeñando los departamentos de planeación de nivel regional y municipal, cuando es a ellos a quienes les corresponde ejercer el control para construcción de vivienda? Pareciera que en algunos casos existe contubernio entre autoridades y constructores piratas, puesto que no se justifica que, rodeados de organismos de control y vigilancia por todas partes, se estén cometiendo semejantes desafueros con el patrimonio familiar de los colombianos, como es el derecho de toda familia a adquirir una vivienda digna, protegida por norma constitucional y que el Gobierno está obligado a cumplir.

Al Ministerio de Vivienda y demás organismos del Estado encargados de tema tan delicado les está haciendo falta más gerencia y meter en cintura a las empresas constructoras piratas, que no cumplen con lo inicialmente prometido a las familias y al Gobierno cuando se trata de viviendas de interés social.

En muchos casos, a través de esta columna, hemos hablado del mismo tema, pero parece que el problema, con los hechos ocurridos recientemente por la ola invernal, es de marca mayor.

urielos@telmex.net.co