Por: Juan Pablo Ruiz Soto

PSA, una herramienta con limitaciones

En el ámbito del diplomado Paz y Reconciliación con la Naturaleza, que realiza la Universidad del Valle, acogiendo una propuesta de la Agenda Ambiental en Movimiento, con participación de estudiantes universitarios, representantes de organizaciones sociales y miembros de las Farc y el Eln, ha surgido el recurrente debate sobre el papel del pago por servicios ambientales (PSA) y su aporte a la conservación de servicios ecosistémicos de interés social, a partir de la gestión de conservación en predios privados o comunitarios.

Para algunos, el PSA es un instrumento perverso del capitalismo que busca mercantilizar la naturaleza, convirtiendo el derecho a un ambiente sano en un servicio más, mediante una herramienta de mercado que pone la naturaleza al servicio de las transnacionales y del capital financiero internacional, y que quita autonomía al campesino para el manejo del territorio.

En contraste con este discurso, al campesino que recibe el PSA —al manejar parte de su predio para conservar servicios ecosistémicos que benefician a los vecinos de la parte baja de la cuenca y al planeta, aportando a la regulación climática y formando corredores de conectividad para la conservación de biodiversidad— no sólo le parece conveniente y lo recibe con gusto, sino que, en muchos casos, es el PSA el que logra que no tale hasta el borde de quebrada y que, a cambio de tener pasto o un pequeño cultivo, conserve el bosque ribereño, consciente del beneficio y la calidad de vida que genera para otros. Recordemos que el acuerdo para recibir un PSA siempre es voluntario y puede ser suspendido según interés de las partes.

Como dice el recientemente aprobado decreto 870: “La implementación del PSA constituye un reconocimiento económico inmediato de carácter voluntario por las acciones que permitan el mantenimiento y generación de servicios ambientales. (…) Mediante la implementación de proyectos de PSA se crean nuevas alternativas económicas que desincentivan usos del suelo que generen pérdida de biodiversidad y permiten, a su vez, crear lazos de confianza entre las comunidades y el Estado”. Adicionalmente, y en la medida en que este decreto se emite en el contexto de la construcción de paz, el uso de los recursos se focalizará en propietarios, poseedores y ocupantes de buena fe de la pequeña y mediana propiedad, pueblos indígenas y grupos étnicos.

El PSA es una herramienta útil que en ciertos casos apoya la gestión de conservación. Se equivoca quien pretende que sea útil para transformar estructuralmente el sistema productivo. Donde predomina la propiedad privada, el propietario (campesino o terrateniente) busca apropiar los beneficios que puede generar su predio y, en esa búsqueda, muchas veces destruye importantes valores ambientales. Esto lo vemos en zonas de minifundio y latifundio. El PSA interviene esa lógica y genera opciones de cambio de actitud, favoreciendo que el propietario cumpla con la función ecológica que, como dice la Constitución, es parte inherente de la función social de la propiedad.

Reconociendo virtudes y limitaciones, usemos esta herramienta para planificar el manejo del territorio y asegurar la conservación o recuperación de los servicios ecosistémicos, apoyando la sostenibilidad productiva en territorios de construcción de paz, generando ingresos al campesino y conservando la estructura ecológica regional.

 

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