Por: Julio Carrizosa Umaña

¿Puede ser ilegal el “desarrollo”?

El ordenamiento territorial de Bogotá está hoy definido por los procesos ya realizados siguiendo lo ordenado por la ley 388, en los cuales se definieron claramente los límites de la Reserva Van der Hammen y de los suelos rurales del Distrito Capital y del resto de la Sabana.

Me refiero al Plan de Desarrollo de Bogotá (PDB), en donde se propone urbanizar la Reserva van der Hammen, el resto de los suelos rurales en el borde norte y la ribera occidental del río Bogotá. Todas estas propuestas son ilegales, contradicen lo establecido en el Artículo 61 de la ley 99 de 1993 y los procesos fundamentados en la ley 388.

Sería también necesario que los concejales y los expertos en derecho constitucional estudiaran si esa propuesta del Distrito está de acuerdo con todos los artículos de la Constitución de 1991, especialmente con el Artículo 313 y con los 58, 79 y 80.

El Artículo 61 de la ley 99 dice: “Declárese la Sabana de Bogotá, sus páramos, aguas, valles aledaños, cerros circundantes y sistemas montañosos como de interés ecológico nacional cuya destinación prioritaria será la agropecuaria y forestal”. Todas las áreas en las cuales el PDB propone la construcción de la “Ciudad Bosa”, la “Ciudad Río” y la “Ciudad Norte” son partes no urbanizadas de la Sabana de Bogotá, por lo tanto el Plan propone la violación de esa ley.

El ordenamiento territorial de Bogotá está hoy definido por los procesos ya realizados siguiendo lo ordenado por la ley 388, en los cuales se definieron claramente los límites de la Reserva y de los suelos rurales del Distrito Capital y del resto de la Sabana. El PDB ordena modificar esos límites y procesos sin que se haya aplicado nuevamente lo ordenado por la ley 388, o sea, asume funciones legislativas para anularla.

El Artículo 58 de la Constitución de 1991, CP91, establece que la propiedad tiene funciones ecológicas, el PDB hace imposible que los suelos rurales que propone urbanizar sigan cumpliendo esas funciones. El Artículo 79 de la PC91 indica el deber estatal de “conservar áreas de especial importancia ecológica”, el PDB propone urbanizar la más importante de esas áreas en el D.C., el Artículo 80 de la CP91 ordena planificar el aprovechamiento y manejo de los recursos naturales para “garantizar su desarrollo sostenible”, el PDB propone sellar más de 16.000 hectáreas mediante su urbanización haciendo imposible el “desarrollo sostenible” de sus suelos agrícolas, algunos de los mejores del país.

Finalmente, el Artículo 313 de la Constitución establece que una de las funciones de los concejos es la de “dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural” de sus territorios. Pareciera que el Plan de Desarrollo de Bogotá propone exactamente lo contrario: derogar las normas ya establecidas. 

 

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