Por: Darío Martínez

Puerta giratoria y plutocracia

El Estatuto Anticorrupción aumenta las inhabilidades con el fin de poner freno al cruce de intereses económicos de servidores públicos en la función pública y el sector privado. Pero el asunto es más de fondo.

La plutocracia es un sistema de gobierno en el que el poder lo detentan los más ricos. Este fenómeno no es nuevo, ni tampoco exclusivo de Colombia. Los ‘gracos’ en la vieja Roma lucharon contra la plutocracia. El sufragio censitario exigía un mínimo de ingresos económicos o de contribución al Estado para poder ejercerlo. Varios países tienen regímenes plutocráticos: Estados Unidos, México, España, etc.

En Colombia, distintos partidos políticos combatieron por extirpar esta deformación de la democracia. La plataforma política lanzada por el Partido Liberal de 1947 proclamó “que el liberalismo lucha por hacer efectiva la democracia, liberándola del dominio de los grupos plutocráticos (…) que actúan (…) en lo interno como oligarquías que concentran en su excluyente interés los poderes económicos, como medio de influencia política y la influencia política como medio de ventajas económicas”. Este círculo perverso lo denunció Jorge Eliécer Gaitán como la más grave enfermedad de la democracia, que supedita el ejercicio de las libertades a la supremacía de los medios económicos y que hace del interés general y el bien común una farsa. De esa forma, se aumentan las desigualdades sociales, se incrementa la pobreza y se fomenta la violencia.

En este sistema, el poder político se construye a través del dinero. Las campañas políticas, para acceder a él, son costosísimas y gran parte de esos recursos los aportan los detentadores de riqueza, a quienes se les retribuye con políticas públicas utilitarias, a espaldas de los deberes de justicia para con los desposeídos y con el bienestar común.

Si dentro de este esquema funciona la “puerta giratoria” como mecanismo plutocrático, utilizado por unas minorías poderosas para imponer un modelo económico y realizar negocios, es válido todo esfuerzo institucional que se haga con el propósito de que el capital no sea el único medio utilizado para conseguir el poder político y el lucro, la razón de ser de su conquista.

A pesar de estar muy distantes de tener una democracia plena y totalmente transparente, y ser una quimera la orden constitucional de que todos los funcionarios públicos estén al servicio del Estado y de la comunidad, se debe crear una nueva conciencia social y política que rechace la plutocracia y la corrupción como forma de gobierno. Así fenecerá el osado intento de capturar el Estado Social de Derecho, como titular de una falsa legitimidad.

El simple cambio de puesto público por privado o viceversa, sin representar o defender intereses económicos particulares, es cumplimiento pleno del derecho fundamental al trabajo.
 

 

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