Por: Arlene B. Tickner

Puerto Rico, la gota que rebosó la copa

Durante los últimos 10 días los puertorriqueños han tomado las calles de la isla en una de las manifestaciones más grandes de su historia moderna. El carácter variopinto de la protesta, en la que convergen músicos reconocidos, jóvenes, maestros, médicos, feministas, activistas LGBT, amas de casa y trabajadores, recalca las múltiples fuentes de indignación y desasosiego que circulan entre la población.

El detonante que rebosó la copa fue el arresto de seis funcionarios públicos por cargos de corrupción —incluyendo la exsecretaria de Educación, responsable de una “reforma” educativa que llevó al cierre de alrededor de 400 escuelas públicas y el despido de unos 5.000 maestros—, seguido por la publicación de 898 páginas del chat privado del gobernador, Ricardo Rosselló, y su círculo íntimo (todos hombres), que deja al descubierto actitudes, además de corruptas, homofóbicas, machistas y de burla hacia los 3.000 a 4.600 muertos dejados por el huracán María en septiembre de 2017. Pese al aumento de las marchas y el distanciamiento creciente de la Casa Blanca y el Congreso, Rosselló ha afirmado que no renunciará, limitándose a dimitir como jefe de su partido de inclinación demócrata, Nuevo Progresista, y prometer no buscar la reelección en 2020.

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El desconocimiento de los reclamos boricuas solo ha exacerbado los ánimos. No es para menos. Desde inicios del 2000, Puerto Rico ha sufrido un proceso progresivo de deterioro económico y social —producto del abandono estadounidense, la corrupción de la clase gobernante local y la implementación de medidas neoliberales de austeridad— que ha llevado a la agudización de la pobreza, que asciende a 45 %, el aumento del desempleo, la salida masiva hacia Estados Unidos, principalmente Florida y Nueva York, y el deterioro general de las condiciones de vida de la población. La lentitud e insuficiencia de la respuesta de Washington ante el huracán María y la incompetencia del gobierno local a la hora de administrar la ayuda agudizaron la crisis y provocaron un éxodo aún mayor de personas.

Más allá de esta coyuntura se halla el complejo estatus político de Puerto Rico, cuya condición de “territorio no incorporado” (commonwealth) oculta una realidad colonial evidente. Luego de ser colonia española durante 400 años, la isla pasó a manos de Estados Unidos al finalizar la guerra hispanoamericana de 1898, pero nunca fue integrada por completo como estado, como sí ocurrió con Alaska y Hawái. En consecuencia, vive un limbo consistente en que sus habitantes son “ciudadanos” estadounidenses, sujetos a las leyes federales y reclutables para la guerra, pero no gozan de la mayoría de los derechos políticos ni sociales asociados con tal condición, incluyendo el hecho de que no tienen representación real en el Congreso ni pueden elegir al presidente, actores que dictaminan en buena medida el quehacer de la isla.

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Ante las tres opciones que se han planteado en distintos referendos, cuyo voto no es vinculante para Estados Unidos —independencia completa, conversión en estado estadounidense o statu quo con mejorías—, las opiniones de la población son divididas. Además, el Legislativo estadounidense, del que depende en la práctica cualquier decisión, no demuestra mayor interés en el drama de Puerto Rico, más allá de su rol en las dinámicas electorales nacionales. Queda por verse si el grito de hoy, “que se vayan todos”, lleva a una discusión más profunda sobre la condición colonial puertorriqueña.

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