Por: Miguel Gómez Martínez

Que duerman tranquilos

COMO SUCEDE CON FRECUENCIA en nuestro país, pasó desapercibida la noticia publicada recientemente sobre el aumento de la impunidad en Colombia. Según un estudio de la Unión Europea, la impunidad aumentó del 95 al 97 por ciento en los últimos tres años.

Sólo el 30 por ciento de los capturados en flagrancia terminan siendo condenados. Más grave aún, la posibilidad de que un homicida sea condenado en Colombia es del siete por ciento. De los 62.737 homicidios registrados entre enero de 2005 y mayo de 2008, sólo 1.699 concluyeron con una condena.

Estas cifras ratifican la gravedad del problema de nuestro aparato judicial. No importa el número de reformas ni la cantidad de dinero del presupuesto general destinado a la justicia. No importa si la Policía mejora su efectividad en la lucha contra el crimen. Nada de ello se traduce en una mejor administración de justicia. Los bandidos y asesinos pueden dormir tranquilos, pues la justicia no los perseguirá. El pomposo y pesado sistema judicial colombiano es probablemente el más ineficiente del mundo. Los jueces, fiscales, procuradores y magistrados seguirán argumentando la falta de recursos y la congestión de los despachos. La verdad pura y llana es que, con la excepción del sector defensa en los últimos años, ningún otro sector de la administración pública ha recibido más recursos que la justicia. Los resultados son, desde cualquier perspectiva que se analicen, lamentables.

La raíz del problema es estructural y se remonta al nacimiento de la República. Creemos que todo debe estar legislado y reglamentado. El santanderismo piensa que el imperio de la ley es superior al reino de la justicia. Por eso estamos llenos de leyes que nadie cumple ni hace respetar. Los legisladores, fieles a esta visión formalista de la justicia, se preocupan más por el procedimiento que por el espíritu; prefieren proteger los derechos de los culpables, que los de las víctimas. Son más importantes los derechos que los deberos de los ciudadanos. Se le rompió el espinazo dorsal a la ética civil y los culpables se escudan en la lentitud e inoperancia de la justicia para cometer sus fechorías.

La ausencia de una justicia eficaz es, sin duda, el principal problema de nuestra democracia. No habrá seguridad real si los criminales saben que el riesgo de ser perseguidos por la justicia es casi nulo. No habrá prosperidad si no podemos garantizar que las leyes se cumplan. No es posible la convivencia social si la ineficiencia de la justicia protege a los culpables y los exonera por vencimiento de términos o por simples errores judiciales.

El aparato judicial es reacio a aceptar mediciones de eficiencia. Seguirá exigiendo más recursos cuando el problema es de mentalidad. El sistema judicial es el agujero negro del sector público nacional. Las cifras de impunidad son el reflejo evidente del estruendoso fracaso de su misión constitucional.

Colombia es el reino de la impunidad. Si a ello le sumamos los constantes conflictos de nuestras altas Cortes, la inestabilidad de la jurisprudencia y la inseguridad de los criterios de interpretación, tenemos un panorama desolador.

Una sociedad sin justicia no es viable.

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