El Gobierno ha dicho que está evaluando la posibilidad de objetar la ley estatutaria de la JEP por razones de inconveniencia. No hay duda en cuanto a que el presidente está constitucionalmente facultado para presentar ese tipo de objeciones; menos claro resulta, en cambio, entender qué puede ser lo que no resulta conveniente de suscribir ese texto legislativo.
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