¿Qué hacer con los políticos tramposos?

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Uno de los problemas más difíciles de resolver en una sociedad es el de los tramposos: ¿qué hacer con ellos?, ¿cómo evitar que se salgan con la suya? Una solución posible es someterlos a un poder supremo e inclemente que, con la amenaza de un castigo terrible, los disuada de hacer trampa. Esta es la solución tiránica. La otra, que es la solución democrática, combina reglas de juego legítimas con amplios consensos morales sobre el respeto de esas reglas. Aquí también se disuade a los tramposos, pero no con castigos tremendos sino con sanciones razonables y, sobre todo, con el estigma social. A falta de estas dos soluciones la guerra civil es un resultado probable, sobre todo cuando la trampa viene del gobierno.

En la historia de Colombia muchos gobernantes han hecho trampa para mantenerse en el poder y doblegar a sus contrincantes. Algunas de nuestras guerras civiles del siglo XIX se originaron en esa costumbre y no exagero si digo que todavía quedan rezagos de aquello (¿qué otra cosa son las llamadas “jugaditas” del partido de gobierno?).

En los Estados Unidos el respeto por las reglas de juego ha tenido mejor suerte. Pero las cosas han cambiado, como lo ilustra el reciente nombramiento de Amy Coney Barrett a la Corte Suprema. En 2016, un año antes del fin del gobierno de Barack Obama, murió Antonin Scalia, juez conservador de la Corte Suprema. Para reemplazarlo, el presidente postuló a Merrick Garland, pero su nombramiento fue bloqueado por los republicanos, liderados por el célebre Mitch McConnell, con el argumento de que, faltando tan poco para terminar el período presidencial (seis meses), lo correcto era esperar el resultado de las elecciones presidenciales. “Dejemos que el pueblo decida”, sostuvo McConnell y así logró convencer a su bancada. Esta historia se acaba de repetir, como calcada del 2016, pero con un desenlace inverso. Hace mes y medio murió la jueza liberal Ruth Bader Ginsburg, faltando solo diez semanas para la elección presidencial. Trump, tal como lo hizo Obama, nombró a su candidato, en este caso la jueza de circuito Amy Coney Barrett. Los republicanos, con mayoría en el Senado y en contravía de lo que habían sostenido cuatro años antes (dejar la decisión en manos del pueblo), emprendieron un procedimiento acelerado de ratificación y el martes pasado Barrett fue confirmada.

Para que un sistema democrático funcione se necesitan reglas de juego (normas) que regulen la competencia política y el ejercicio del poder. Pero eso no basta: de poco sirven esas normas si no cuentan con la honestidad básica de los partidos y de sus líderes; sin decencia se pierde la confianza recíproca y el estigma contra los tramposos. Cuando acusaron a McConnell de haber actuado con hipocresía y deshonestidad por haberse valido del argumento expuesto por Obama hace cuatro años que él mismo atacó y derrotó, este respondió diciendo que no se arrepentía de nada y que por el contrario estaba convencido de que este era el episodio más importante de su carrera política. Peor que un tramposo hipócrita es un tramposo cínico.

La democracia depende de que cada partido esté dispuesto no solo a cumplir las normas que benefician a sus adversarios políticos sino a reconocer sus propias derrotas. ¿Están los republicanos dispuestos a eso? El episodio de esta semana indica que no y la manera como el presidente Trump se comporta, desconociendo esa honestidad básica que exige no mentir y ser fiel a la palabra, refuerza ese indicio. No quiero ser alarmista, pero debo recordar lo que dije al inicio: el otro desenlace posible de una situación como esta es la guerra civil. Veremos qué pasa este martes.

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