Que la legislación no la definan los socios comerciales

Estamos en la semana del uso justo. Este evento celebra la importancia del interés público en el derecho de autor e incluye un llamado de atención hacia la agenda de comercio internacional, que muchas veces pasa por encima del interés de todos.

Los acuerdos comerciales se han dedicado a fortalecer las protecciones de los titulares dejando en manos de los gobiernos todo lo relacionado con las garantías para los otros derechos. Con el tiempo, esto ha significado que el derecho de autor esté efectivamente desequilibrado. Los gobiernos, especialmente en países en desarrollo, cumplen los acuerdos comerciales y olvidan sus obligaciones de derechos humanos.

Pronto la oficina de comercio de Estados Unidos publicará su informe 301 —listado negro de países que ellos consideran no cumplen sus compromisos comerciales de propiedad intelectual—. Es posible que, como Colombia no ha aprobado la reforma al derecho de autor a la que se comprometió en el TLC, nuestra calificación empeore y la amenaza de sanciones incremente. Y todavía en 2018 la presión puede ser mayor. Estados Unidos usa los mismos argumentos para amenazar con no apoyar la candidatura de Colombia para la OCDE y, conscientes del afán del Gobierno en unirse a este club —aceptando ideas incluso tan malas como vender Isagen—, la estrategia puede ser incluso más efectiva.

Aunque estas presiones son vergonzosas, la responsabilidad es también del Gobierno colombiano.

Señores del Ministerio de Comercio y del Interior, especialmente de la Dirección Nacional de Derecho de Autor: el derecho de autor no solo regula el contenido que comercializa la industria del entretenimiento. También es el marco para la forma como circulan y se usan los contenidos necesarios para la educación, la cultura y la ciencia. Por eso, no pueden verlo exclusivamente como un candado de protección. Debe ser equilibrado a pesar de las presiones. Durante una década la presión les ha ganado y los ha congelado, han estado concentrados pensando cómo pasar la ley que ellos quieren, no han hecho un proceso serio para diseñar una norma equilibrada y con mente abierta enfrentar todos los ángulos de esa legislación.

Ahora le toca al Congreso. En 2018, el Congreso tendrá encima todas estas presiones para tramitar rápido el proyecto de ley 146 del Senado, la reforma al derecho de autor o la nueva Ley Lleras. Por eso lo primero que los senadores deben saber es que el proyecto presentado por el Gobierno no es equilibrado.

Por ejemplo, el proyecto falla en varios temas:

- Las excepciones y limitaciones que el proyecto recoge son mínimas, son las que nuestro socio comercial reconoció hace décadas. No es una propuesta seria para el siglo XXI, ni prepara al país para los retos de la economía digital. Nos niega un sistema flexible de usos justos, por ejemplo.

- Desde 2014, la Biblioteca Nacional venía discutiendo una reforma sobre las obras huérfanas. El texto fue recogido en el proyecto en su mínima expresión y, por tanto, perdió todo su propósito.

- Aunque hace un esfuerzo por ajustar algo del tema penal asociado al derecho de autor, aún le falta. Los académicos han pedido que se ajuste el Código Penal para garantizar que el castigo sea solo para acciones que constituyan piratería.

- Aunque el proyecto por fin, después de cinco años, busca implementar el Tratado de Marrakech, que ofrece garantías para el acceso al conocimiento para las personas con discapacidad, los beneficiarios no fueron consultados sobre la forma en que esto se haría. Por eso, organizaciones como Conalivi ya pidieron una audiencia en el Congreso.

Que el derecho de autor es un mecanismo de protección para los autores (detrás de los que se esconden los titulares) es una afirmación que no debiera ser más que un deseo de la industria. A todos, incluidos los autores, nos conviene un derecho de autor que no sea camisa de fuerza. Por eso, en el diseño del derecho de autor esa afirmación no es correcta, porque estaría olvidando a su otra mitad, al interés público.

En el corazón del derecho de autor también están el dominio público, las flexibilidades —que comúnmente se conocen como excepciones y limitaciones y que también incluyen los usos justos—, los sistemas de garantías para poblaciones vulnerables y el uso del derecho penal como último recurso. El Congreso tiene un reto muy grande y será más complejo, pues lo enfrenta en año electoral. Ahora bien, las elecciones pueden ser una oportunidad para que los senadores/candidatos se luzcan y aprovechen la oportunidad para ajustar el texto y equilibrarlo a los retos del siglo XXI. Busquemos que pase una ley de largo aliento.